La Corte ordenó que se investigue un supuesto remedio contra el cáncer
La Corte Suprema resolvió un conflicto de competencia entre dos juzgados y resolvió que sea la justicia federal la que investigue el presunto medicamento, que se comercializa por internet. El producto que prometía “controlar, reducir y/o curar la enfermedad de cáncer”.
El método que ofrecían, según se desprende del expediente, es el denominado “Ibion-Vesam-Vescozul’.
La Justicia Federal quedó a cargo de una causa donde se investiga la comercialización a través de internet de un “medicamento” que estaría elaborado con veneno de serpientes y escorpiones y que se utilizaría contra el cáncer. Así lo dispuso la Corte Suprema al resolver un conflicto de competencia entre dos juzgados encargando al titular del Juzgado Federal N° 8, Marcelo Martínez de Giorgi, la investigación de la presunta comercialización del producto.
Internet era la vía de venta de este producto homeopático. Una página web rastreada por personal del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción del Instituto Nacional de Medicamento (INAME) ofrecía el producto que prometía “controlar, reducir y/o curar la enfermedad de cáncer”.
Por ello el asesor legal del Programa de Control de Mercado de Medicamentos y Productos Médicos (dependiente del INAME), Maximiliano Derecho, presentó una denuncia en la justicia federal por esta comercialización. El método que ofrecían, según se desprende del expediente, es el denominado “Ibion-Vesam-Vescozul’, que incluye el producto “cuya elaboración se compone de la combinación de proteínas extraídas del veneno de serpientes y escorpiones”.
Se trata de un método creado por Dardo Prusak, “quien no se encuentra inscripto como profesional de la salud” y cuyas sustancias “tampoco habían sido registradas ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)".
La investigación realizada por la justicia federal hasta ahora “no ha podido contar con los productos ilegales que supuestamente se comercializaban en el comercio capitalino -estaba cerrado- ni se pudo verificar la existencia de persona alguna afectada por el tratamiento en cuestión”.
Sólo se comprobó la existencia de un correo electrónico para hacer consultas y líneas de teléfono, “que se encuentran instaladas en un local de una galería comercial ubicada en Capital Federal, donde no se pudo determinar qué tipo de actividad se desarrolla allí”.
Luego de estas primeras investigaciones, la justicia federal declinó la competencia de la causa a favor de la justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires, que no aceptó la causa. Allí se da lo que se conoce como un conflicto de competencias entre dos juzgados que consideran que la causa no debe estar allí y esto lo debe resolver la Corte Suprema.
Es así que en un fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, resolvieron que la causa “deberá enviarse al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8” siguiendo lo dictaminado por el ex procurador adjunto Luis González Warcalde, que consignó que “no puede descartarse que los hechos que se denuncian hubiesen comprometido la salud pública vulnerando tanto la ley de medicamentos como la de marcas”.
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