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La Corte Suprema de Justicia decidió pedir opinión a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sobre dos causas: una relacionada con la expropiación de La Rural y otra por un dictamen firmado por una fiscal subrogante. También solicitó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal el expediente de una causa por prohibición de compra de dólares.

En la causa de la expropiación de La Rural, el Estado Nacional apeló una medida cautelar dictada por la sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, que frenó el traspaso del predio. Pero la sala consideró que había sido presentado “fuera término” y lo rechazó. La Corte Suprema, después de recibir el “recurso de queja” presentado por el Gobierno nacional, solicitó a la Procuración General su opinión sobre si fue presentado en término legal, informaron fuentes del máximo tribunal.

En enero pasado la Cámara Civil y Comercial -integrada por Francisco de las Carreras, Graciela Medina y Ricardo Guarinoni- había dictado una medida cautelar que dejó sin efecto el decreto 2552/12, firmado por la presidenta de la Nación Cristina Fernández y que dispuso el traspaso público del predio. Ubicado en Palermo, se expropió en base a una causa penal en la que se detectó que la venta a la Rural se había hecho por 30 millones de pesos/dólares cuando el valor de mercado del precio era de 131 millones.

El otro de los pedidos de dictamen realizados por el máximo tribunal es para que la Procuración opine sobre la validez de un dictamen firmado por una fiscal subrogante. Se trata de una causa donde el empresario Antonio Conrado De Martino reclama por una liquidación en el marco de la causa conocida como “Automotores Saavedra”.El empresario argumenta que, en ese expediente, el 13 de marzo pasado dictaminó la procuradora adjunta subrogante Alejandra Cordone Rosello, y considera que no se trata de una fiscal constitucional sino de una designada sin respetar los mecanismos. Por eso solicita se declare la “nulidad del dictamen”. La Corte le fijó un plazo de cinco días para que emita dictamen la procuradora.

Por otro lado, el máximo tribunal solicitó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le remita un expediente en una causa por prohibición de compra de dólares. Se trata de una causa iniciada por un deudor hipotecario, José Manuel Moyano Nores, que presentó una acción judicial contra el Estado Nacional afirmando que su acreedor no le acepta pesos y que él no puede comprar dólares.Tanto en primera instancia como en la Cámara, la solicitud del deudor fue rechazada. Al llegar a la Corte Suprema, mediante un recurso de queja, los ministros del tribunal decidieron pedir el expediente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para poder “examinar debidamente” el expediente.