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La Corte Suprema aceptó analizar el conflicto entre las provincias de La Pampa y Mendoza por el río Atuel. La demanda había sido presentada por la provincia pampeana para declarar el incumplimiento de Mendoza al fallo de la Corte de 1987. Allí se establecía que debía negociar y celebrar convenios de buena fe para regular el uso del agua del Atuel, considerado "interprovincial" por el tribunal.

Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Higthon de Nolasco y Juan Maqueda, el tribunal consideró que el conflicto es “competencia originaria” de la Corte. Los ministros dispusieron que se notifique de la existencia de ella al gobernador de la provincia de Mendoza, Francisco Mendoza, y al fiscal de Estado provincial.

Además, los magistrados citaron al Estado Nacional para que “dentro del plazo de 60 días, comparezca a tomar en la causa la intervención que pudiere corresponderle”.

La Pampa había solicitado también, en la demanda que presentó el 16 de mayo, que se ordene el cese del daño ambiental en el oeste de la provincia, se fije un caudal fluvioecológico en forma inmediata y se exijan obras para optimizar los recursos de agua en el sistema de riego.

El conflicto data de principios del siglo XX, cuando Mendoza produjo el primer corte del río, desapareciendo el brazo principal conocido como "Atuel Viejo". 

En 1987, la Corte Suprema declaró la "interprovincialidad" del Atuel y exhortó a Mendoza a realizar obras para mejorar la eficiencia del riego, aunque le entregó el derecho de regar 75.600 hectáreas, mientras que el excedente debía ser motivo de "convenios interprovinciales para conseguir una participación equitativa del agua para La Pampa".

En 2008 hubo un intento de acuerdo entre las provincias, estimulado por el gobierno Nacional, que derivó en la firma de un convenio entre el actual gobernador pampeano Oscar Jorge y el entonces mandatario mendocino Celso Jaque firmado en agosto de ese año. Sin embargo el conflicto siguió porque el acuerdo fue aprobado por la Legislatura de La Pampa pero rechazado por la de Mendoza.

La demanda fue presentada  por el gobernador pampeano, Oscar Mario Jorge, y el fiscal de Estado provincial, José Vanini, con  el patrocinio del abogado constitucionalista Gregorio Badeni. El máximo tribunal tiene la potestad de “dirimir dichas quejas interprovinciales, convirtiéndolo de ese modo, en un órgano de conciliación, aplicable, a con amplias facultades para determinar el derecho a fin de garantizar la paz interior, constituir la unión nacional y promover el bienestar general”, tal y como lo dice la Constitución Nacional.