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Muchas personas pueden cambiar de opinión con el paso del tiempo. Pero cuando se trata de un juez, el cambio de parecer en una misma causa puede ser algo grave. Así lo entendió en febrero del 2006 la sala de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones cuando destituyó a Marta Susana Catella, entonces integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial.

La magistrada había cambiado de opinión en el proceso donde en un primer momento se destituyó al intendente -en aquel momento- de la localidad de San Vicente, Luis Benítez; a quien después se restituyó. Catella había votado inicialmente por la destitución. Pero ante una nueva presentación dio curso al planteo extraordinario, y revirtió su postura anterior. 

Por “sentencias contradictorias” la Cámara de Representantes misionera destituyó a la magistrada. Le endilgó “incumplimiento de los deberes” y “prevaricato”, es decir: resolver en contra de lo que marca la ley. La exjueza apeló y la causa llegó a la Corte Suprema, ya que el Superior Tribunal provincial había rechazado una presentación al considerar que no se había “logrado demostrar que durante la tramitación del enjuiciamiento político” se lesionó el “debido proceso y de defensa en juicio”.

Por mayoría, la Corte Suprema con las firmas de Carlos Fayt, Enrique Petracci, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni –por su voto-, rechazó el recurso presentado por la jueza. Consideró que debería haber demostrado en “forma nítida, inequívoca y concluyente” el grave menoscabo a las reglas del debido proceso, pero la exmagistrada no lo hizo. El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, junto con la vicepresidenta Elena Higthon de Nolasco y con Carmen Argibay, votaron por minoría y en disidencia; a favor de que se haga lugar al recurso de la exmagistrada y se dicte un nuevo pronunciamiento.