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La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso que presentó Jorge Lanata y dejó sin efecto una condena de 100 mil pesos por los dichos del periodista sobre la entonces jueza Aida Kemelmajer de Carlucci. Los jueces ordenaron que se dicte otra sentencia.

En pleno proceso de recambio de la Corte Suprema de Justicia, en 2003, ya habían quedado fuera los referentes de la “mayoría automática”: Antonio Boggiano, Eduardo Moliné O’ Connor y Julio Nazareno. Una de las candidatas que sonaba para formar parte del máximo tribunal del país era quien en ese momento era integrante de la Corte de Mendoza, Aida Kemelmajer de Carlucci.

Lanata emitió en julio de 2003 –en el programa Día D Clásico- el informe “Las chicas de la Corte”. Allí hacía referencia a las candidatas que se mencionaban para la vacante en la Corte. Sobre Kemelmajer de Carlucci señaló que "había una serie de denuncias por tráfico de influencias hacia la ‘Rulo’ Carlucci”. Y mencionó que Nedo Carlucci, su marido, obtuvo “en otro juicio que la Justicia le regulara, a través de la ‘Rulo’, un palo y medio de honorarios”. Lo “certificó” con la muestra de expediente.

Días después, Kemelmajer de Carlucci respondió al periodista con un comunicado en el que decía que “la exhibición de carátulas de expedientes de denuncias” constituye un “burdo ardid para dañar mi honorabilidad y defraudar por engaño a la opinión pública”. “Esa falta de responsabilidad profesional la canalizaré por las vías legales correspondientes”, dijo la jueza. Y lo hizo: demandó a Lanata, a su productora y a América TV por daños y perjuicios.

Tanto en primera instancia como en la Cámara, Kemelmajer de Carlucci tuvo sentencias favorables en las que se condenó al periodista a indemnizarla con 100 mil pesos. La sala D de la Cámara Civil sostuvo que “todas las manifestaciones vertidas en las que hacía aparecer a la actora como involucrada en distintas conductas ilícitas, no fueron veraces y, sea que fueran erróneas o falsas, no se correspondían con los expedientes judiciales, que eran la fuente a las que el periodista consultó para hacerlas”.

Pero los abogados del periodista llegaron a la Corte Suprema que les dio la razón y declaró procedente el recurso ordenando que se dicte una nueva sentencia. Los jueces de la Corte Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, junto con los conjueces Jorge Morán, José Luis Aguilar y Cintia Gómez (quienes debieron cubrir el lugar de otros ministros que excusaron de participar en la causa por amistad con la jueza) decidieron eso valiéndose del dictamen del ex procurador general, Eduardo Righi.

Ese dictamen, que hicieron propio los jueces, explica: “El hecho de que esas denuncias corrieron en los tribunales ante los cuales fueron ventiladas, la suerte de la que da cuenta en su sentencia, no muestra que ellas no existieron, ni es un elemento idóneo para refutar la proposición de que el Poder Ejecutivo descartó la candidatura de la actora motivándose en parte en el hecho de que existieron tales denuncias”, consigna el dictamen.

Y fue más allá porque aunque se reconoce que “un relato informativo parcial, incompleto o sesgado puede ser tan lesivo para el honor de la persona implicada como la emisión de una información llanamente falsa”, el alcance del derecho a la libertad de expresión difunde información sobre “personas públicas es tan amplio que sólo deja lugar para la atribución de responsabilidad civil en un grupo más bien excepcional de casos”.