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La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual elaboró un informe sobre la cobertura periodística del asesinato de Ángeles Rawson en los canales de televisión. El informe resalta la violación de derechos de las personas imputadas y no imputadas en el crimen de la joven. Y considera que buena parte de la cobertura televisiva estuvo signada por la lógica del espectáculo.

El informe toma varios núcleos temáticos de la cobertura. Por un lado analiza cómo los medios se refirieron en las primeras horas posteriores el crimen a los trabajadores del CEAMSE.

La Defensoría considera que hubo un “despliegue de comentarios tendientes a criminalizar a los trabajadores de la CEAMSE sin que existan datos empíricos que respalden las interpretaciones que se insinúan ante el público”. El informe se refiere a bloques de programas periodísticos en los que se insinuó que los recolectores de basura o los trabajadores del CEAMSE podrían estar involucrados en el asesinato.

Otro punto del informe se refiere a las sospechas que alimentaron las cadenas de noticias sobre la madre de Ángeles y su marido. Hubo periodistas que afirmaron que el crimen era consecuencia de un enfrentamiento familiar o que insistieron en la idea de que la madre de la niña se comportaba con frialdad ante las cámaras de televisión.

“Respecto a la tendencia a culpabilizar a la familia, es preciso señalar que la caracterización estereotipada y discriminatoria también fue uno de los recursos más utilizados por los distintos canales para habilitar la sospecha sobre ella” dice el informe.

Y agrega que “se advierte que el uso del término “padrastro” para referir a la pareja de la madre de Ángeles posee una connotación despectiva que no sólo oculta y desautoriza los nuevos vínculos familiares vigentes en nuestra sociedad actual, sino que tiende a marcar una aparente distancia afectiva como un modo de legitimar el despliegue de la mirada acusatoria sobre dicho sujeto”.

La violación de la intimidad y la falta de protección de los jóvenes que componen el entorno social de la víctima son otro punto en la investigación que hoy se dio a conocer. La Defensoría señala que en numerosas oportunidades los canales pusieron a jóvenes menores de edad y luego usaron sus testimonios de manera descontextualizada.

La Defensoría también llama la atención sobre el uso de teatralizaciones, la insistencia en las imágenes de la joven, las imágenes ilustrativas y el dar como cierto informaciones que no están ratificadas por pericias.

De esta manera, se concluye que la cobertura del caso “supone una “violación de las reglas de la institucionalidad democrática”, en tanto la configuración de relatos tendientes a criminalizar a los trabajadores de la CEAMSE y a los familiares de Ángeles da cuenta de una inversión del principio de presunción de inocencia: según las coberturas, todos son presuntos culpables hasta que se demuestre lo contrario”.

Y remarca “cabe tener presente que, aun cuando las hipótesis culpabilizadoras se diluyan, el daño sobre los sujetos ya está hecho. La rotulación negativa siempre acompañará a las personas mediáticamente acusadas, al igual que la impresión creada sobre el público difícilmente pueda ser borrada”.