Mónica Mariel Bolo, propietaria de una fábrica textil que lleva su nombre, se había comprometido a reabrir el taller y así restituir la fuente de trabajo para 85 empleados que quedaron en la calle. Pero después de reiteradas audiencias, dijo que no lo indemnizaría a ningún trabajador y los acusó de robar.
Luego de la conciliación obligatoria que comenzó hace diez días, Mónica Mariel Bolo se comprometió a reabrir la fábrica textil que lleva su nombre, para restituir el trabajo a sus empleados y pagarles los sueldos adeudados. Sin embargo no cumplió con lo pactado y, en una nueva audiencia, la dueña de la fábrica dijo el viernes que no pagará indemnizaciones ni reabrirá la fábrica, que confeccionaba ropa para marcas como Cheeky, Montagne, Prestige, Yagmour, Mimo y Perramus. En cambio, acusó a los trabajadores de robo.
Algunas de las empresas citadas, en su calidad de responsables solidarias y convocadas por el Ministerio de Trabajo, acordaron pagar los salarios atrasados en cómodas cuotas, pero con la condición de retirar las prendas confeccionadas que permanecían en el taller. Algunas de ellas lo hicieron hoy con la presencia del Ministerio de Trabajo.
Casi clandestino
En octubre Mónica Bolo dejó de pagarles el salario a los trabajadores del taller textil ubicado en Zuñartu 607, Parque Chacabuco, descripto como “prácticamente clandestino”, por fuentes del Ministerio de Trabajo. Se trata de 85 personas, en su mayoría de origen boliviano, pero “todos con el DNI y los papeles en regla, porque si no los tenías, no te dejaba trabajar”, explicó a Infojus Noticias Shirley Ramos, elegida por sus compañeros como delegada.
El 9 de diciembre, la mujer cerró las puertas de la empresa y se llevó las máquinas. Los trabajadores hicieron una denuncia en el Ministerio de Trabajo por vaciamiento de la fábrica y sueldos atrasados. Hubo una conciliación obligatoria y reiteradas audiencias en el ministerio de Trabajo que la dueña de la fábrica firmó pero no acató.
El acampe
Desde que Bolo cerró la fábrica, los trabajadores iniciaron un acampe en la puerta, que duró más de un mes. Durmieron en carpas o colchones directamente a la intemperie.
“Lo último que me pagó la señora fueron 3.800 por septiembre”, contó a Infojus Noticias Sofía Sirpa Espinoza, madre soltera de tres hijos y overlockista especializada, cuyo sueldo rondaba los 5000 pesos. “El 9 de diciembre llegué a la fábrica y había cerrado. Justo era el cumpleaños de mi bebé, cumplía un año. No sabía qué hacer; me puse a llorar… Lo que trabajé, eso era mi sostén, con eso vivo yo. Tuve que pedir prestado, a veces estaba sin comer, iba a comedores, a veces no había cupo. ¿Qué iba a hacer?”
Sofía tuvo que dejar la habitación que alquilaba y se instaló con sus tres hijos en el acampe frente a la fábrica. Todavía tiene deudas y busca un lugar donde vivir. La solidaridad de sus amigos, parientes y algunos movimientos sociales le permitió a ella y a sus compañeros mantener el acampe.
Diez días atrás Bolo aceptó las condiciones de la conciliación obligatoria (reabrir la fábrica y pagar los sueldos atrasados) a condición de que los empleados levantaran el acampe. Ellos cumplieron con su parte pero ella no.
Los trabajadores continuaron con una vigilia permanente de diez o quince compañeros que se turnaban, porque temían que la propietaria se llevara lo que quedaba en el taller: las prendas confeccionadas.
Las condiciones de trabajo
En el taller Mónica Mariel Bolo trabajaban 85 personas, con sueldos de entre 3000 y 3500 pesos. Las jornadas eran de 12 horas, pero sólo cuatro se pagaban en blanco.
“Fui a darme de alta en la obra social y me dijeron que la fábrica no existía; no estaba registrada. La dueña nunca hizo aportes a la obra social ni al sindicato”, dijo Shirley.
El Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines realizó siete denuncias antes el gobierno de la Ciudad, sin obtener respuesta. “Es que una de las empresas contratantes es Cheeky, que pertenece a Juliana Awada”, explicó uno de los trabajadores de la fábrica; “por eso nunca nos llevaron el apunte”.
Recién el viernes se presentó una inspección del Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno de la Ciudad que clausuró el local, al comprobar que los matafuegos estaban vencidos, había sólo un baño con un inodoro para las mujeres y una letrina para los hombres. La fábrica llevaba más de un mes y medio sin funcionar.