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La ex jueza civil Myriam Rustán de Estrada gozó de una fama efímera por detener, con una medida cautelar, un aborto a una mujer que había sido violada. Ese fallo le valió un momento de luz pública a la magistrada, pero marcó también el inicio de la oscuridad: había desconocido deliberadamente un fallo la Corte Suprema de la Nación que siete meses antes había fijado los alcances del aborto no punible con el fallo “F.A.L.”, y prohibía judicializar los casos previstos por el Código Penal 90 años atrás. Dos días después, la Corte ordenó que se hiciera el aborto, y en junio de este año, con cinco denuncias en el Consejo de la Magistratura, tuvo que renunciar. Pero no fue ese el caso por el que su nombre, después de veinte años de ocupar el Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, ganó por primera vez la tapa de los diarios. Fue su intervención tangencial en el caso que por estas horas está llegando a sus instancias definitivas: los abusos sexuales del cura Julio César Grassi.

En junio de 2009, tres años antes de la medida cautelar que ordenaba suspender el aborto, Rustán de Estrada, junto con personal del Consejo de Minoridad del gobierno porteño, ordenaron el desalojo del Hogar San José Obrero, que dependía de la fundación “Felices los Niños”, donde había chicos entre 12 y 17 años.

El procedimiento fue nocturno, desprolijo, y violento. Los jóvenes y algunos vecinos se resistieron al desalojo. El juez criminal de instrucción Juan Ramos Padilla inició una investigación por esos maltratos. Cuando citó a declarar a Rubén Miño, el comisario que condujo el operativo, le dijo que el procedimiento había estado supervisado por Rustán y que en una conversación en la que estaba “fuera de sí” le ordenó “a los gritos que usara la fuerza sobre los menores”.

-Traté de hacerle entender que la situación era grave y podía ocurrir una catástrofe, pero la jueza insistió que se reprimiera a los chicos- le dijo Miño al juez.

Cuando la polémica subió de tono, la jueza dio una entrevista televisiva al canal 26 asegurando que en el hogar “los hermanos mayores obligaban a sus hermanos menores a tener relaciones sexuales. Las relaciones se daban solamente entre varones y eran chicos entre 5 y 16 años”.

Rustán de Estrada tiene 61 años. La mitad, cumpliendo tareas en el ámbito jurídico. Está casada con Juan Ramón de Estrada, lo que la convierte en cuñada de Santiago de Estrada, un hombre del PRO que se desempeña como auditor porteño. Estrada tiene vínculos estrechos con la iglesia católica. El cuñado de la jueza fue subsecretario de Seguridad Social de la Nación entre 1967 y 1970, designado por el general Juan Carlos Onganía, y volvió a ocupar ese mismo cargo durante la última dictadura militar. Ya en democracia Raúl Alfonsín lo nombró embajador ante el Vaticano. También fue funcionario durante el menemismo. Entre 1989 y 1991 formó parte del equipo de Seguridad Social y también estuvo en el PAMI.

Historia del desamparo

La trama del amparo que pretendió detener el aborto no punible fue consecuente con ese primer trazo público de su accionar. Se trataba de una mujer de 32 años que había sido rescatada de una red de trata de personas para la explotación sexual por la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas en Situación de Trata, y solicitó la interrupción de ese embarazo. Mauricio Macri hizo público que se iba a llevar a cabo en el Hospital Ramos Mejía, promoviendo una lluvia de amparos de las organizaciones antiabortistas.

Una de ellas, la fundación Pro Familia (“para la promoción y defensa de la familia”), luego de ser de una presentación fallida en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 14, fueron directamente hasta el despacho de Rustán. La jueza lo tomó sin someterlo al sorteo. En la jerga tribunalicia se conoce como “Forum shopping”: evadir el bolillero para colocar una causa en un juzgado que se prevé favorable. Rustán de Estrada dictó la medida cautelar, pero al día siguiente la Corte Suprema la suspendió y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que el procedimiento médico se hiciera.

El ministro de Salud Juan Manzur consideró que Rustán de Estrada se "sublevó contra la acordada de la Corte" y se multiplicaron las denuncias en su contra: acumuló cinco acusaciones en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, pidiendo un juicio político. Configuraban un rosario diverso de acusaciones: desconocimiento inexcusable del derecho, actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, violencia institucional, violación al debido proceso, prevaricato  y negligencia grave en el ejercicio del cargo. La jueza también acumulaba además 14 causas por sus fallos en casos de regímenes de visitas para niños con padres separados y decidió darle la guarda de una niña a la madre de un acusado de abuso.

Todo eso provocó que la magistrada presentara la renunció el 1 de junio. Sin embargo, aunque la causa quedó en abstracto, la Corte Suprema dispuso que el Consejo de la Magistratura siga investigando el desempeño de la jueza. Eso podría valerle, por ejemplo, no poder ser convocada para suplencias en el futuro.