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El muro se construyo a principios de los ’90, cuando la planta impresora de Clarín se instaló en Barracas. Primero existió un alambrado, que los vecinos pudieron sortear fácilmente, pero después llegó la construcción que cerró la calle Hilario Ascasubi al 3200, entre Luna y Agustín Magaldi de manera definitiva. Desde entonces, los vecinos de la Villa 21-24 deben utilizar caminos alternativos, menos iluminados y linderos con el Riachuelo.

De un lado quedaron las casas de la Villa, separadas por un muro que impide el paso y la visión. Del otro de Ascasubi, en la esquina con Magaldi, una garita de seguridad cumple la misma función. La arteria bloqueada funciona como estacionamiento privado para los directivos de la empresa, que detienen allí sus autos personales. También entran por Ascasubi los camiones que entran y sacan mercadería.

En ese tramo se ubica una de las centrales de electricidad de la zona. Ante los cortes de luz reiterados, los empleados de Edesur manifestaron no poder solucionar los problemas sin tener acceso a la calle. Eso motivó los primeros reclamos, a fines de 2012, cuando se le pidió al Gobierno de la Ciudad que informe si existió una autorización. La Dirección General de Tránsito negó haber tenido “injerencia en las medidas administrativas que dispusieron dicho cierre y la colocación de la garita”, y la Dirección de Registro de Obras y Catastro señaló que “no registra presentación administrativa alguna sobre la cuestión de marras”.

En 2013 el legislador Aníbal Ibarra y la diputada María Elena Naddeo, junto a vecinos de la Villa 21-24 de Barracas presentaron una denuncia por el muro. A princios de abril la justicia le dio la razón. Según la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Tributario N° 12, a cargo de la jueza Lidia Lago, el Gobierno porteño “en ejercicio del poder de policía y en el plazo de diez días debe proceder a demoler el muro existente en la calle Ascasubi y remover cualquier obstáculo existente a fin de garantizar la libre circulación por las referidas arterias”.

“Lo cierto es que se verifica la existencia de una obra que obstaculiza el normal y adecuado ejercicio del derecho a circular libremente por parte de los habitantes de la Ciudad. Por lo que frente a la existencia de una obra que cercena ese derecho, su ilegitimidad impone al Gobierno de Buenos Aires, en ejercicio del poder de policía, adoptar las medidas pertinentes a fin de hacer cesar dicha obstrucción”, agrega la resolución.
 

LC/TELAM/SH