La Justicia analiza un pedido de embargo sobre el Grupo Clarín
El fiscal Federal Miguel Osorio y el juez en lo Penal Económico Rafael Caputo investigan el aumento patrimonial de las autoridades del grupo con un supuesto fraude a jubilados.
Agencia Télam
La Justicia analiza un pedido de embargo preventivo sobre el Grupo Clarín por alrededor de 800 millones de pesos, en el marco de una investigación por el aumento patrimonial de las máximas autoridades del grupo con un supuesto fraude a los jubilados cuando administraba fondos previsionales.
En los últimos meses el fiscal federal Miguel Ángel Osorio, a cargo de la Fiscalía Nº10, recibió nueva evidencia para apoyar el expediente que llevaba adelante por operaciones por 8 millones de dólares vinculadas a otra firma del multimedios radicada en el estado de Delaware, Estados Unidos.
La causa por lavado de dinero comenzó a raíz de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) generados por el Banco Central de la República Argentina y por la AFIP. El análisis fue realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF) para luego pasar a la procuraduría antilavado, que la derivó por conexidad a una causa anterior, informó según informó el diario Tiempo Argentino.
Los reportes serían la primera prueba concreta del destino que pudo haber tenido el dinero obtenido en la colocación de acciones del año 2007, cuando el holding fue denunciado por participar de una maniobra para defraudar a las AFJP a través de la compra compulsiva de sus acciones con fondos previsionales.
El 11 de junio de 2011, la AFIP confeccionó el ROS Nº6938 vinculado con la firma GC Dominio SA y contra sus socios y directores, Ernestina Herrera de Noble, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro.
La operación sospechosa consistió en la transferencia de 3.053.784 de pesos, un equivalente entonces a 940.000 dólares, desde el Banco Mariva –base de operaciones del Grupo– con destino al First Overseas Bank Limited (FOBAL), ubicado en la guarida fiscal de Nassau, en las Bahamas.
El giro se llevó a cabo el 23 de octubre de 2008, un día después de que fuera radicada la denuncia por maniobras ilícitas con la venta de acciones de las AFJP, ante el inminente anuncio del gobierno de la estatización de los fondos previsionales.
Pero a su vez, el Banco Central confeccionó otro ROS el 29 de septiembre de 2009 relativo a Pagliaro –director del Grupo Clarín– a partir de su declaración jurada de bienes.
En 2006, Pagliaro declaró poseer bienes exentos por $ 917.666, mientras que al año siguiente declaró como patrimonio personal la suma de $ 367.105.429, unas 399 veces más que en el período fiscal anterior. Mientras tanto, llevó a cabo múltiples compras de divisas.
En tanto, Aranda –vicepresidente del holding– en 2006 declaró bienes por $ 180 millones y, un año más tarde, esa suma trepó a los $ 412.110.419.
La UIF realizó un análisis técnico y jurídico que le permitió constatar que esos fondos transferidos al exterior fueron parte de la distribución de dividendos del Grupo Clarín durante 2008 por las utilidades netas obtenidas en 2007.
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