La Justicia investigará a 239 posibles “coleros” por la compra de dólares
La causa ya investigaba a 255 personas y ahora lo hará con otras 239 que compraron dólares en gran cantidad sin una fuente que demuestre su solvencia. Podrían ser “coleros”, personas que prestan su identidad para encubrir al verdadero comprador.
La Cámara Federal porteña resolvió que los “coleros” (personas sin posibilidades reales de comprar dólares que, sin embargo, adquieren ingentes cantidades de divisa estadounidense) podrían además estar evadiendo los impuestos que esas operaciones deberían reportar. El tribunal resolvió que el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart investigue a 239 personas denunciadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Carlos Gonella.
Se trata de una causa iniciada a raíz de la detección de “la posible adquisición de manera ilegítima de moneda extranjera por parte de 255 individuos, de los cuales, según la Unidad de Investigación Financiera (UIF), sólo 16 contaban con la capacidad económica requerida”. Según un fallo al que tuvo acceso Infojus Noticias, “los restantes 239 sujetos habrían concretado operaciones en el mercado financiero por una cantidad relevante de dinero sin una fuente formal que acredite su licitud, por lo que podría tratarse de personas que prestan su nombre para encubrir al beneficiario final de la operación de compraventa de divisas, comúnmente denominados coleros”.
Para los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, “aún no ha podido acreditarse que el blanqueo de los activos en cuestión sean de origen delictivo”. No es un tema menor, ya que la PROCELAC calificó las maniobras de los coleros como “inusuales” en los términos de la Ley 25.246, sobre “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo”. Esa norma obliga a “informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma”. Y añade que “a los efectos de la presente ley se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada”.
Los camaristas sostuvieron que “ante la falta de justificación económica, las conductas mencionadas podrían configurar el delito de evasión impositiva” y resolvieron así un conflicto de competencia entre López Biscayart y el juez federal Sebastián Casanello. “A esta altura de la investigación nos encontraríamos ante un supuesto caso de evasión impositiva”, insistieron los camaristas.
La causa está registrada bajo el número de expediente 48.584 y ya fue remitida al juez del fuero penal tributario. En caso de que López Biscayart insista en rechazar la competencia, entonces será la Corte Suprema la encargada de resolver qué magistrado deberá intervenir.
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