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La medida de Gallardo, juez del fuero Contencioso Administrativo, prohíbe “la utilización de containers o módulos metálicos para albergar alumnos, de cualquier nivel" en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Bronquen de Spangenberg, del barrio de Palermo, informó el diario Tiempo Argentino.

Gallardo también intimó al gobierno de Mauricio Macri para que en las próximas 48 horas presente los planos de obra que implementará en la escuela, el cronograma de su ejecución y los certificados de habilitación que garanticen las medidas de seguridad necesarias para la comunidad educativa.

Si el Ministerio de Educación no cumple con las obras antes del inicio de clases, previsto para el 5 de marzo, Gallardo dispuso que el ministro Esteban Bullrich pague de su bolsillo una multa diaria equivalente a diez pesos por cada alumno afectado. El fallo podría dar lugar a otras cautelares semejantes.

Gallardo fue ayer por la mañana a realizar una inspección ocular en las instalaciones del colegio junto con la asesora y allí constató la calidad de las aulas. El martes había tomado estado público que en el colegio se estaban instalando las aulas “modulares” para contener el exceso de vacantes. Como la escuela tenía un expediente judicial abierto sobre seguridad edilicia, las autoridades solicitaron la inspección.

En el fallo de Gallardo, que cita Tiempo Argentino, se describe que en la escuela hay "tres containers o módulos metálicos, de medidas extremadamente reducidas (aproximadamente 2 por 4 m), con una puerta de acceso y una sola ventana pequeña". Y se agrega que "a simple vista se pudo verificar que se trata de sitios sumamente precarios, con los paneles que forman paredes unidos de manera irregular, y con instalaciones eléctricas deficientes, con cables a la vista que se encuentran directamente apoyados sobre las estructuras metálicas".

La situación había sido detectada el martes por los padres de los alumnos del nivel inicial, que debían cursar en esas aulas, por lo que se manifestaron en la puerta del colegio.

Más tarde fueron recibidos por el subsecretario de Gestión Económico-Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación porteño, Carlos Javier Regazzoni, quien ofreció un plan de reforma edilicia donde el jardín pasaría adentro de la estructura del colegio y, la oficina de Supervisión se iría a los containers.

La propuesta fue mencionada a Gallardo por la vicerrectora Stella Maris Schulte y la arquitecta del Ministerio de Educación Silvia Rey. Al ser consultadas por los planos de las obras, le respondieron que estaban siendo confeccionados.

Toda la situación hizo que el magistrado considere en su medida cautelar que los medios llevados adelante por las autoridades educativas locales para solucionar la escasez de vacantes de nivel inicial en las escuelas porteñas son "manifiestamente inadecuados", "conllevan un riesgo inaceptable para los menores" y "redundan en una flagrante violación a la obligación impuesta por el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes que habitan la Ciudad o que concurren a sus escuelas".