Será el 22 de agosto próximo. El plazo se dispuso en la última audiencia. En el predio, ubicado debajo de la autopista Moreno, en Villa Luro, viven 20 familias. El Gobierno porteño les ofreció a cada familia para irse, 18 mil pesos.
Después de la última audiencia realizada, se llegó a un acuerdo y se dispuso el 22 de agosto como fecha límite para desalojar el predio “bajo autopista” donde viven y trabajan unas veinte familias. El predio se encuentra a la altura de la avenida Rivadavia al 9300, debajo de la autopista Perito Moreno, en el barrio de Villa Luro. El pasado 7 de agosto hubo una audiencia en el juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) N° 10, a cargo de Aurelio Ammirato y las familias y el gobierno porteño llegaron a un acuerdo.
Según el acta, el predio se tendría que haber desalojado el pasado 11 de agosto pero como varias de las familias aún no tenían donde ir, se postergó para el día 22 de agosto. Esto, sin perjuicio de que algún grupo familiar pueda retirarse antes del lugar en cuanto se encuentre en condiciones de hacerlo.
El lugar se usa como vivienda y lugar de trabajo de 20 familias cartoneras, desde hace 8 años. Entre ellos, 15 niños escolarizados. El gobierno porteño ofreció a las familias una asistencia económica para “encontrar una solución al conflicto en particular”, que se abonará por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social porteño y sólo a las familias que se hayan censado oportunamente. El subsidio será de aproximadamente 18 mil pesos por grupo familiar.
El acta de la audiencia sostiene que las familias "aceptaron la propuesta del Gobierno porteño para el retiro en forma voluntaria y pacífica, que se concreta con el retiro del cheque". Más allá de esto seguirán las conversaciones extrajudiciales porque, tal y como detalla el acta judicial, se debe determinar el número preciso de grupos familiares a los que corresponda otorgarles la asistencia y porque el gobierno porteño sostuvo que algunos habitantes recibieron “asistencia estatal anteriormente”.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es clara con respecto al derecho a una vivienda digna. Lo establece en el artículo 31, donde reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado”. La constitución apunta a soluciones permanentes.