En 2008 el juzgado comercial N° 8 había dado el visto bueno al banco para silenciar públicamente al exempleado. Cinco años después, consideró que el banco no hizo nada para presentar otra información que contrarrestara a la aportada por Arbizu.
La justicia comercial rechazó el pedido del banco JP Morgan para ampliar un “bozal legal”- -una restricción que inhibe a una persona a referirse públicamente sobre un tema- a Hernán Arbizu, el exbanquero arrepentido. Javier Cosentino, titular del juzgado comercial Nº 8 negó la ampliación de la medida cautelar que había sido otorgada cinco años atrás. Consideró que, paralelamente, el banco no hizo ningún esfuerzo en presentar información que contrarrestara a la aportada por Arbizu, ni tampoco llevó al empleado a la Justicia Civil por daños y perjuicios.
En junio de 2008 Arbizu se había autodenunciado en una operación fraudulenta de transferencias no autorizadas de fondos entre cuentas de sus clientes. También había señalado como posibles lavadores a grupos empresarios locales, entre ellos a Clarín, Ledesma, Constantini y Bunge. En ese momento JP Morgan trató de silenciarlo presentando ante el juzgado comercial N° 8 un pedido de restricción para que el exempleado hablara públicamente, a fin de evitar dañar la imagen del banco. En junio de 2008 el juzgado respondió de modo favorable y ordenó al arrepentido que se abstuviera de dar a conocer información "confidencial y privilegiada", obtenida a raíz de su trabajo y trato con los clientes de la cartera del JP Morgan.
En el reciente fallo dado a conocer por Tiempo Argentino, se consigna que esa medida cautelar dictada en 2008 no fue "un remedio netamente provisorio para llegar a una pronta solución que hiciera cesar la inconducta inapropiada que se endilga al aquí demandado". Esta es una causa comercial paralela a la denuncia por lavado de dinero y fuga de capitales que se tramita en el fuero federal. Y en la que en mayo pasado el fiscal federal Federico Marijuan, imputó a otras 36 personas y empresas, entre quienes están Autopistas del Sol, la consultora TNS Gallup Argentina; el ex titular de TyC, Carlos Ávila, Petrobras Energía, Edenor, el ex embajador argentino ante las Naciones Unidas, Emilio Cárdenas; y el ex titular del Grupo Inversor Exxel Group, Juan Navarro Castex. En la mayoría de las empresas y personas sospechadas se analizan presuntos activos no declarados.