Infojus Noticias

Desde las 15 se reúne la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar el decreto de necesidad y urgencia que firmó Mauricio Macri el martes pasado. El DNU está vigente por 30 días, para que su efecto sea permanente debe ser sancionado por la Legislatura en una sesión que está prevista para el 30 de mayo. Hoy Cositmecos, presentó ante la justicia el quinto pedido de inconstitucionalidad del decreto.

Los bloques del Frente para la Victoria, Buenos Aires para Todos, Frente Progresista Popular y Nuevo Encuentro ya adelantaron que se opondrán al decreto de Macri para regular la libertad de expresión en la ciudad de Buenos Aires. El PRO tiene los votos suficientes para la sanción pero afirman que están dispuestos a introducir artículos aclaratorios para ampliar los apoyos.

Dante Gullo, legislador del Frente para la Victoria, adelantó a Infojus Noticias que los principales argumentos para rechazar el dictamen de la comisión serán “la vulneración de artículos de la Constitución Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires y que lo que está detrás de todo esto es la defensa de un privado”. En este sentido, el legislador porteño afirmó: “¿Por qué tenemos que hacer de la Legislatura una lugar donde los sectores monopólicos y de concentración tienen resonancia?”. Ante la posibilidad de que el PRO apruebe esta tarde el dictamen, Gullo afirmó: “seguro que le van a dar los números pero eso no significa que no sea un manipuleo político”.

Por su parte, el legislador Daniel Lipovetzky del PRO, afirma que el DNU está “dentro de las facultades constitucionales que tienen las provincias y la ciudad, tanto en el artículo 32 de la Constitución Nacional como el 47 de la de la Ciudad.” Consultado por Infojus Noticias sobre los pedidos de inconstitucionalidad presentados en la justicia, cinco hasta el momento, Lipovetzky afirmó: “No es la primera vez que puede haber conflicto entre una norma provincial y una nacional, ocurre muchísimas veces. Salvo en alguna cuestión sobre la que podrías hacerse alguna aclaración, no hay un conflicto tan claro como lo señala la oposición. Son cuestiones de interpretación y habrá que discutirlas en la justicia. La Constitución Nacional y los derechos humanos son normas superiores a la Ley de medios y desde ese lugar nosotros tenemos viabilidad jurídica”.

El texto del DNU no puede ser modificado, debe ser aprobado o rechazado en su totalidad. Sin embargo, Lipovetzky afirmó que en pos de sumar apoyos por fuera del bloque del PRO, se podrían introducir textos aclaratorios de algunos artículos: “Se podría incorporar algún artículo aclaratorio. Tenemos una posición abierta al diálogo. Esperamos que no haya sólo críticas, si hay algún punto que clarificar lo haremos”, afirmó.

Finalmente, frente al reclamo de que el PRO incumple con el artículo 47 de la Constitución Nacional que indica que se debe legislar la formación de un ente autárquico que gestione de manera participativa los medios públicos de la ciudad de Buenos Aires, Lipovetzky afirmó: “La Constitución de la ciudad contiene una serie de derechos muy interesantes. Hay que avanzar para transformarlos en normas de cumplimiento efectivo. Pasaron varios gobiernos que tampoco hicieron nada. Sí, hay que pensar una agenda de acá al futuro”. Lipovetzky insistió en que se trata en una decisión de todos los sectores, aunque hay proyectos presentados en la Comisión de comunicaciones que no tuvieron apoyo del oficialismo para ser tratados.

Aníbal Ibarra, legislador por Frente Progresista Popular, dijo a Infojus Noticias que “el DNU avanza de manera ilegal e inconstitucional sobre la legislación, pretende regular cuestiones del ámbito nacional y avanza sobre cuestiones de jurisdicción. Pretenden asumir competencias que no le corresponden. Le servirá a los abogados de Clarín para seguir dilatando la aplicación de la ley de medios pero no resiste un control de constitucional.”

Ibarra adelantó que si el 30 de mayo el DNU se convierte en ley, realizará una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Esta presentación se sumaría a las cinco acciones de amparo que se presentaron entre el jueves y hoy. Hasta ahora, el bloque de legisladores de Nuevo Encuentro, una radio comunitaria, una ONG, la periodistas Cinthya García y Cositmecos (Conferación Sindical de Trabajadores de los medios de comunicación social) se presentaron ante la justicia para solicitar la declaración de inconstitucionalidad.