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Hoy la Legislatura porteña trata el proyecto de ley “para defender la libertad de prensa” impulsado por los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica). Con el nombre “defensa de la protección a expresión de ideas, informativa, cultural y política de la Ciudad”, la iniciativa toma elementos del Decreto de Necesidad de Urgencia firmado por Mauricio Macri el 14 de mayo y frenado por el juez Osvaldo Otheguy la semana pasada.

Edgardo Form (Nuevo Encuentro), uno de los legisladores que solicitó el recurso de amparo sobre el DNU, explicó a Infojus Noticias que en el dictamen de minoría se establecerá que “queda claro que la presente no es un discusión jurídica sino política”. Según el legislador porteño, el proyecto de ley se propone legislar sobre “materias vedadas constitucionalmente a la ciudad de Buenos Aires, violando artículos de la Constitucional Nacional y el artículo N° 1 de la de Ciudad que establece el principio federal del gobierno porteño.

La medida cautelar fue pedida por Gabriela Cerruti, Delia Bisuti y Edgado Form (Nuevo Encuentro). Los legisladores entendieron que los artículos que regulaban cuestiones tributarias eran contrarios a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires por no ser su legislación competencia del poder ejecutivo. El juez Otheguy firmó que “corresponde admitir la pretensión cautelar suspensiva contenida en la demanda, con relación a las normas del DNU que tratan materia tributaria”.

El bloque del PRO convocó entonces a la  comisión de Asuntos Constitucionales para tratar el DNU y propuso modificar algunos artículos. Puntualmente, los que establecían la creación de un nuevo fuero judicial para tratar los demás de libertad de expresión. Pero a esa reunión Raffo y Sánchez llevaron un nuevo texto, el que permitió el acuerdo que buscaba el macrismo.

“La decisión del juez Otheguy dejó sin efecto el DNU, porque estableció una medida cautelar sobre dos de sus artículos. Para superar esa situación los legisladores Raffo y Sánchez elaboraron este proyecto, puliendo un poquito el otro texto pero en lo esencial dicen lo mismo”.  Las diferencias, en materia tributaria, siguen “arrogándose atribuciones federales que competen a la Nación”. 

Con la firma del dictamen de comisiones, los legisladores de Proyecto Sur y la Coalición Cívica pidieron preferencia para el tratamiento. Los legisladores del PRO accedieron a que se incluya en primer lugar dentro del orden de temas a debatir en la sesión, dejando el expediente del DNU para después.

En la reunión parlamentaria los jefes de bloques trabajaron sobre la viabilidad de que la Legislatura sancione una ley, cuando ya existe una norma en vivencia (el DNU del poder ejecutivo) frenada por el recurso de amparo. "Si se superponen, es un problema del Ejecutivo, no del Legislativo. En todo caso, esperarán a que caiga la vigencia del DNU y promulgarán la nueva ley" dijo Cristian Ritondo, del PRO. Form, consultado sobre este tema por Infojus Noticias, expresó: “si prevalece esa posición es porque tienen la mayoría de los votos. Hoy el PRO y sus aliados van a votar positivamente. Después tendremos que analizar cómo proceder”.

La Corte Suprema ordenó el año pasado a la provincia de San Luis que se “abstuviera de aplicar” la ley provincial de regulación de servicios audiovisuales. Aceptó así la medida cautelar que pidió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para que declare inconstitucional la norma dictada en el 2010 y que establecía potestad provincial para regular medios. La Corte encontró que esa norma se contraponía con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso Nacional.