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La AFSCA denunció que la ley porteña de Defensa de la Libertad de Expresión pone en riesgo la seguridad aeroportuaria, porque impide al ente federal intervenir ante las interferencias que afectan al sistema de comunicaciónde tráfico aéreo de Aeroparque. La jueza Liliana Heiland le negó una medida cautelar para suspender los efectos de la ley porteña hasta tanto se aclare su validez respecto a la Ley federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, informó hoy el diario Tiempo Argentino.

El organismo que encabeza Martín Sabbatella apeló la resolución de la jueza y pidió que reconozca la preeminencia de la ley nacional, que jerárquicamente se sitúa por encima de cualquier disposición provincial y de la ciudad de Buenos Aires. La vigencia de la ley porteña Nº 4565, que fue sancionada con el objetivo de proteger al Grupo Clarín, impide que la AFSCA ejecute las funciones que le confirió la Comisión Nacional de Comunicaciones. Ese ente le derivó a la nueva autoridad de servicios audiovisuales la competencia de resolver las interferencias al sistema de comunicación de Aeroparque –de las cuales ya hay dos denuncias-.

El AFSCA debería poder identificar las infracciones que generan las interferencias ilegales y decomisar los equipos transmisores que las realizan, pero la ley impulsada por Mauricio Macri lo prohíbe y así pone en riesgo la seguridad del tráfico aéreo. Ante el pedido de la entidad a la Justicia para que reconozca la jerarquía de las leyes nacionales por sobre las de la Ciudad, la jueza Heiland entendió que “no se aportaron los elementos necesarios para tener por suficientemente cumplido el requisito vinculado a la existencia de riesgo cierto e inminente de sufrir perjuicios sobre el interés público, el patrimonio estatal y otros derechos de su titularidad”.

La AFSCA apeló el fallo y criticó la restricción a sus funciones como autoridad de aplicación de la ley de medios, y acusó a la jueza de realizar una “interpretación ligera” de la normativa, y de producir un “claro daño al interés público”. Denunció que se le impide ordenar la grilla de programación y se restringe su potestad sancionatoria sobre los licenciatarios. En el mismo escrito judicial, objetó la creación de un cuerpo especial en la Capital que reemplace a los tribunales federales, una disposición plenamente inconstitucional.

En este expediente, Heiland tomó posición en favor del gobierno de Mauricio Macri. En otro, se situó en oposición al gobierno nacional. En el litigio por la disposición del ORSNA que intima a la empresa LAN a desalojar un hangar de Aeroparque, concluyó que era urgente mantener la empresa de origen chileno en poder de ese espacio, y le otorgó una medida cautelar. A través de esa misma disposición, declaró la inconstitucionalidad de la ley que regula las medidas cautelares contra el Estado, una de las que compusieron el paquete de reformas judiciales.