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En palabras del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, este miércoles en el Senado de la Nación, estos “instrumentos” apuntan a que “quienes tengan ahorros en dólares sin declarar” los “exterioricen”, y con ello, “movilizar el ahorro privado”. O conocido también burdamente como el “blanqueo de capitales” o dicho en criollo, se pretende que la gente exteriorice la plata que tiene mediante el canjeo de esa plata por papeles.

Por su parte Axel Kicillof, viceministro de Economía, explicó a los senadores que la “bimonetización de la economía argentina, estuvo asociada a políticas del pasado, y que produjeron esta tendencia de los argentinos en general a acumular dólares” argumentando que desde muchos lados se “pretende criminalizar a montones de argentinos conserva parte de sus riquezas en dólares y parte de sus riquezas en dólares sin declarar”.

Con estos dichos se apunta llanamente a los “beneficios” que otorga “cambiar” estos dólares por un bono (BAADE), un pagaré o un certificado de depósito (CEDIN). Estos últimos son precisamente los “instrumentos” que se crean con la Ley que se pretende aprobar.

La iniciativa pretende que esos fondos “exteriorizados” sean “destinados, exclusivamente, a la financiación de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos”, y a su vez, a quienes los “exterioricen voluntariamente” se les asegura beneficios.

En primer lugar, “no estarán obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos” ni a dar información de “la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueron adquiridas”. Esto es, la plata en dólares que se tiene en el colchón o en cuentas en el exterior, declarada o no.

También el proyecto prevé que “quedarán liberados de toda acción civil, comercial y penal tributario, administrativa y penal cambiaria” quienes se sumen a la exteriorización. Es decir no se les podrá iniciar acciones judiciales desde el Estado, aunque se aclara que “este beneficio no alcanza a las acciones que pudieran ejercer los particulares que hubieran sido perjudicados mediante dichas transgresiones”

Esto se debe a que "no es dinero que está declarado y probablemente, si les damos un túnel, pueda generar inversiones", tal y como lo explicó este jueves Axel Kicillof. No obstante, el proyecto aclara que se deberá cumplir “las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria”.

“No tiene que ver con apropiarnos de dólares” agregó Mercedes Marcó del Pont ya que se trata de “movilizar parte de dólares ociosos y transformarlos en ahorros que pueden financiar sectores importantes en la Argentina”.

Por otra parte, quienes tengan causas en la Justicia, pedidos de quiebra, estén querellados o denunciados penalmente por la ex DGI, por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias o por operaciones de lavado de dinero no podrán realizar la “exteriorización”. También, quienes se “acojan al régimen”, es decir exterioricen dólares, no podrán iniciar acciones legales y quienes hayan iniciado procesos deberán desistir de ellos.

De la reunión de este miércoles participaron Hernán Lorenzino, ministro de Economía, el viceministro Axel Kicillof; la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Entre el martes próximo y miércoles seguirán las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la de Justicia. Aníbal Fernández, titular de la primera de ellas, anticipó que el próximo miércoles se firmará dictamen.