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​La Procuración del Tesoro presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, el escrito que aporta elementos de juicio y antecedentes probatorios sobre los hechos que trata la denuncia realizada el 14 de enero por Alberto Nisman, ex titular de la Unidad Fiscal de Investigación de la Causa AMIA. El juzgado está a cargo interinamente de Sebastián Ramos, pero Rafecas se reincorporará en los próximos días hábiles, el lunes 22 de febrero.

Tanto el escrito de la Procuración del Tesoro así como los 15 documentos probatorios que lo acompañan, son de acceso público, igual que la denuncia completa formulada por Nisman. Estarán a disposición de quien quiera consultarlos en la página de internet de la Procuración, en español y en inglés.

En 67 páginas, desarrolla entre sus principales argumentos que colaborar con el esclarecimiento del atentado es política de Estado desde 2003 y que no hay nada que pueda considerarse ilícito ni en la preparación ni en la firma del Memorándum. Sobre la denuncia del fiscal, ataca las líneas argumentales del escrito de Nisman que vinculan la firma del memorándum de entendimiento con Irán con aumentar el intercambio comercial con ese país, para venderles grano e importar petróleo. La Procuración del Tesoro la desmiente con datos del comercio con Irán del Ministerio de Planificación Federal, del de Economía y de la AFIP, señalando que el comercio con ese país se realiza fundamentalmente entre privados.

Esclarecer el atentado: política de Estado

En el escrito, la procuradora del Tesoro de la Nación, Angélica Abbona, señala que desde 2003 fue política del Estado nacional -tanto en la presidencia de Néstor Kirchner como en la de Cristina Fernández- colaborar con la Justicia para el esclarecimiento del atentado. En el plano local, recuerda que se dispuso la desclasificación de la información producida por la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) y el relevo a sus agentes de guardar secreto respecto de estos hechos. En el internacional, destaca las presentaciones de la presidenta ante la Asamblea General de la ONU, donde formalmente le reclamó a la República Islámica de Irán su colaboración para el esclarecimiento de la muerte de 85 personas, el 18 de julio de 1994.
 

“Ninguna actuación del gobierno argentino apuntó a desincriminar iraníes"

Con respecto a la firma del memorándum con Irán, el documento recuerda que su tramitación fue pública y que se trató en el Congreso Nacional, negando que su aprobación haya tenido incidencia en los llamados “alertas rojos” (pedidos de captura internacional a los imputados en la investigación del atentado que sostiene Interpol). “Ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”, remarcó la procuradora del Tesoro, que presentó como anexos las comunicaciones entre el gobierno argentino e Interpol. Cita la nota del 15 de enero de este año del ex director de Interpol Ronald Noble, que desmiente a Nisman cuando afirma que el canciller Timerman buscó gestionar que se cayeran los alertas rojos.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores mantuvo una conducta coherente y clara"

La jefa de los abogados del Estado señala el memorándum como la búsqueda de una vía de solución posible a la “imposibilidad de someter a declaración indagatoria a los ciudadanos iraníes imputados en el proceso”. “El Ministerio de Relaciones Exteriores mantuvo una conducta coherente y clara, en el sentido de que la suscripción del Memorándum no había implicado cambio alguno en la vigencia de las notificaciones rojas de Interpol”, dijo Abbona. 

Memorándum: nada ilícito en sus procedimientos

Sobre el Memorándum de Entendimiento, el escrito de la Procuración del Tesoro señala que “ni los actos preparativos ni posteriormente ratificatorios de aquél, pueden considerar ilícitos de orden penal”. Y aclara que no es el objetivo de la presentación abrir un debate en torno de la constitucionalidad de la Ley 26843 y del acuerdo internacional que fuera aprobado por esa norma.

La constitucionalidad del Memorándum – a partir del amparo promovido por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)- está actualmente en manos de la Cámara Federal de Casación Penal. Por eso, aclara el escrito del Tesoro, “esta Causa no debe constituirse en el escenario de un debate ya planteado en aquel otro juicio”. Y aclara que, cualquiera sea el pronunciamiento, “no permitirá predicar la existencia de los supuestos delitos que indica el escrito de denuncia”.

Sin delito

El escrito dice que “aún desde la perspectiva que proporciona el fallo no firme”, de ningún modo traduciría un ilícito penal en sí mismo, ni “reflejaría bajo ningún punto de vista que haya existido intencionalidad, y menos aún acto alguno que implique el principio de ejecución de un obrar delictivo orientado a la supuesta desincriminación de los ciudadanos iraníes alcanzados por las notificaciones rojas de la Interpol”. 

Denuncia de Nisman: "no aporta pruebas"

Al finalizar Abbona señaló que “la denuncia no aporta prueba alguna” con respecto al “resultado disvalioso” que le atribuyó Nisman a la firma del memorándum. “Se trata de una mera conjetura, construida sobre un argumento jurídicamente pueril”, afirmó.