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Ante la información periodística difundida en las últimas horas, la Procuración General aclara que no tuvo lugar en ninguna de sus dependencias un “allanamiento”. La única actividad realizada en el edificio que comparten la Dirección de Informática y la Biblioteca del Ministerio Público, ubicado en la avenida Belgrano al 900, consistió en un pedido de información y un peritaje técnico. Como resultado de esas pruebas, quedó descartada cualquier tipo de intromisión.

La medida solicitada por el fiscal Guillermo Marijuán y ordenada por el juez Rodolfo Canicoba Corral tuvo por único objeto realizar un pedido de información y un peritaje sobre los sistemas informáticos de la institución para comprobar si los mismos permiten el acceso a computadoras de fiscales o funcionarios situadas en otras dependencias. “El resultado de esta evaluación fue completamente negativo”, informó la Procuración desde Fiscales.gob.ar.

Durante tres horas, los expertos de la Dirección de Informática del MPF realizaron las pruebas solicitadas y demostraron a los dos peritos presentes que es materialmente imposible “acceder a las terminales” desde el servidor o desde otras computadoras. Por lo tanto, explicaron, no puede existir ningún tipo de intromisión mediante la red informática del organismo.

"Tal como lo ha hecho desde el inicio de esta denuncia, presentada por el fiscal de instrucción de la ciudad de Buenos Aires César Augusto Troncoso -quien se encuentra sometido a un proceso disciplinario-, la Procuración General desmiente que haya existido ningún tipo de injerencia indebida sobre la actividad de los magistrados que forman parte de este Ministerio Público", se lee en la nota.

El sumario contra el fiscal Troncoso comenzó a partir de una denuncia realizada por la jueza Wilma López en el año 2011, quien objetó su actuación en diversos expedientes por violencia de género. En 2012, el Ministerio de Seguridad sumó una nueva presentación contra Troncoso por la negativa a investigar y el intento de archivar una causa que involucró a funcionarios de la Policía Federal. En mayo de 2013, luego de que emitiera opinión el Consejo Evaluador, se inició el sumario disciplinario a cargo del fiscal titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo. En la misma resolución, se ordenó una auditoría de la fiscalía para verificar la veracidad de las denuncias y determinar si el fiscal Troncoso había tenido conductas similares en otros casos que involucraban a mujeres, niñas y adolescentes.

En el marco de estas actuaciones, Colombo dio intervención al Programa de Género del MPF, a cargo de Romina Pzellinsky, para que emita opinión respecto de la actuación de Troncoso en diversas causas sobre violencia de género. En su dictamen, Pzellinsky informó que la actividad de Troncoso resultaba contraria a la política criminal definida por la Procuración, la cual motivó la creación del Programa de Género. Entre otras cosas, se verificó la existencia de un patrón discriminatorio que llevaba en la mayoría de los casos al archivo sin investigación o al pedido de sobreseimiento de los acusados.

El Programa de Género, creado en noviembre de 2012, realiza un seguimiento de todas las causas y recibe copia de los legajos de la Oficina de Violencia Doméstica, de acuerdo al convenio firmado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gracias a esta labor se ha fortalecido la respuesta del Ministerio Público en este tipo de casos -que había sido denunciada como deficitaria por la propia Corte Suprema-, y se ha logrado reducir los índices de impunidad.