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El Senado aprobó una reforma a la Ley de Educación Superior (LES) que garantiza la gratuidad de la educación en las universidades públicas. El proyecto contaba con el aval de la Cámara de Diputados, y en la sesión del miércoles pasado los senadores sancionaron la reforma que establece la responsabilidad del Estado de garantizar la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.

La ley establece la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado respecto de la educación superior, considerándola un “bien público” y un “derecho humano”, a través de la modificación de una serie de artículos en la actual Ley 24.521 de Educación Superior. La reforma explicita que ningún ciudadano puede ser privado del acceso a la universidad por razones personales o de origen social y hace cargo al Estado de garantizar ese derecho.

La modificación de varios artículos de la Ley 24.521, sancionada en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, establece que "el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas".

La nueva norma garantiza que sean "las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización" de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y casa de altos estudios provinciales si las tuviere.

Elimina el arancelamiento encubierto

Por otra parte, taxativamente prohíbe “cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos”. Disposición que obligará a algunas universidades públicas donde existen este tipo de “cuotas” a eliminarlas.

La diputada Adriana Puiggrós (FpV), autora del proyecto, señaló que las universidades no podrán alegar su autonomía para eludir esta ley. “La autonomía universitaria no quiere decir que las universidades sean extraterritoriales, sino que están bajo la Ley Nacional de Educación y bajo la Constitución Nacional”, le dijo a Página/12.

"La ley menemista creó la posibilidad del cobro a estudiantes disfrazado bajo la figura de aportes, por ejemplo, lo que a abrió la puerta a vivir una situación como la chilena", indicó Puiggrós. "Esta ley ahora garantiza la gratuidad y acompaña la creación de las nuevas universidades que hemos impulsado en los últimos años, incluyendo la Universidad Pedagógica que también es un proyecto de mi autoría, y a las que acuden una población de menores recursos", agregó.

Integración y otros mecanismos de auditoría

La ley también instala que la responsabilidad del Estado sobre la educación superior implica crear mecanismos de integración con el resto del sistema educativo y con otras casas de altos estudios latinoamericanas. Los cambios también apuntan a que las casas de altos estudios promuevan la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, reconozcan las diferentes identidades de género y culturas, y generen una integración regional.

Con el mismo espíritu de gratuidad, les prohíbe "suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización".

En otro orden, la nueva norma también establece que la Auditoría General de la Nación disponga de una sección especial dedicada a las universidades, que pueda dar cuenta de las particularidades de la administración universitaria, que no se corresponde con la de otros organismos públicos.

El debate

En la sesión del Senado, la norma fue respaldada en general por todas las bancadas. Sin embargo, al discutirse en particular, desde el radicalismo y el peronismo disidente pidieron la modificación de una expresión en el artículo 2 por entender que su redacción dejaba abierta cierta injerencia del Poder Ejecutivo sobre la autonomía universitaria. El bloque del Frente para la Victoria no aceptó esa modificación. Explicaron que si el proyecto volvía para ser tratado en Diputados y no se trataba de manera inmediata, perdería estado parlamentario.

La modificación tuvo su media sanción en Diputados en 2013, cuando el único bloque que se opuso fue el PRO; entre los legisladores de ese momento estaban la actual candidata a vicepresidenta por Cambiemos, Gabriela Michetti, y un firme postulante a ser ministro de Economía en un eventual gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay.

"Hace 15 días el PRO ya había adelantado que tampoco iba a acompañar el proyecto en el Senado pero ahora que modificaron su discurso tuvieron que votar a favor, aunque Michetti directamente se fue del recinto para no votarlo", apuntó Puiggrós.

En cambio, la sanción fue celebrada por los distintos actores de la comunidad educativa, entre ellos el gremio Ctera que manifestó que se trata de una medida "que frena el avance de las tendencias privatizadoras de la educación" y festejó que "hoy podemos decir ´es ley´ la gratuidad de la Educación Superior".

MB/PW