El fiscal ante la Cámara del Crimen Sandro Abraldes consideró que la apelación interpuesta por el fiscal de primera instancia fue rechazada erróneamente y advirtió que en la causa de venta fraudelenta del predio de La Rural “se investigan gravísimos hechos de corrupción”.
El fiscal ante la Cámara del Crimen Sandro Abraldes apeló la semana pasada el fallo que declaró prescripta una causa por un crédito incobrable de 106 millones de dólares concedido en los '90 por el Banco Provincia de Buenos Aires a la Sociedad Rural, para un polo gastronómico en el predio ferial de Palermo que nunca llegó a realizarse. También para que deje sin efecto el sobreseimiento de uno de los responsables de la venta fraudulenta del predio, el ex directivo del Banco Provincia Francisco Prati. Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo y avaló la prescripción dispuesta por el juez Ricardo Farías.
Abraldes consideró que la apelación interpuesta por el fiscal de primera instancia fue rechazada erróneamente y advirtió que en la causa “se investigan gravísimos hechos de corrupción”. En consecuencia, solicitó a Casación que anule el fallo y le pida a la Cámara que vuelva a expedirse.
El juez de instrucción, Ricardo Farías, había declarado prescripta la causa penal contra Prati. La decisión se relacionó con la calificación de los hechos, que para el juez encuadraban bajo figuras penales que prevén condenas menores a los seis años de prisión.
Este fallo motivó que la presidenta Cristina Fernández criticara a través de la red social Twitter la decisión judicial por la serie de irregularidades que se cometieron en todo el trámite de la causa.
“La Provincia de Buenos Aires puso 106 millones de pesos para que se construyeran obras que nunca se hicieron. En los ´90, la Nación les “vendió” a precio vil un terreno que nunca pagaron… y el terreno, patrimonio de todos los argentinos, no se recupera. ¿Cómo puede ser? ¿Y nadie hizo nada? ¿Cómo que nadie hizo nada? Faltaba más. ¿Para que están algunos jueces?”, escribió Cristina.
"En esta causa en la que se investigan hechos gravísimos de corrupción, el juez de primera instancia estimó que había transcurrido el término de la prescripción, en base a la calificación que le asignó a los sucesos -defraudación por administración fraudulenta, en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público porque a su entender se había superado todo plazo razonable para arribar a un fallo definitivo”, señaló Abraldes.
Del dictamen del fiscal se desprende que el exceso en el plazo razonable se debió a las presentaciones de los acusados y a las propias demoras en que incurrió el Poder Judicial.
Por los 16 años que lleva la causa de tramitación, el fiscal apuntó a que una vez resuelta la cuestión de competencia entre la justicia de instrucción y la federal "lejos de re encausarse al cabo de estos 6 años de discusiones absurdas y estériles, la acción penal legalmente promovida en autos por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, se ve amenazada por nuevas decisiones equivocadas".
Abraldes consideró que la apelación interpuesta por el fiscal de primera instancia fue rechazada erróneamente y advirtió que en la causa “se investigan gravísimos hechos de corrupción”. En consecuencia, solicitó a Casación que anule el fallo y le pida a la Cámara que vuelva a expedirse.