La Sala I de la Cámara Federal definirá si reabre la denuncia de Nisman
Por sorteo informático, la denuncia presentada el 14 de enero quedó en manos de la Sala I de la Cámara Federal Porteña. Ayer el fiscal Gerardo Pollicita había apelado el fallo del juez Daniel Rafecas.
Adriana Almagro
La Sala I de la Cámara Federal porteña quedó a cargo de resolver cómo sigue la denuncia por encubrimiento presentada por Alberto Nisman el 14 de enero contra la presidenta,Cristina Fernández de Kichner, el canciller Héctor Timerman, y un grupo de personas. Ayer el fiscal federal Gerardo Pollicita apeló la desestimación del requerimiento de instrucción dispuesto por el juez federal Daniel Rafecas.La Sala I fue designada hoy a través de un sorteo informático, después de que Rafecas concediera la apelación. Sus integrantes son los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah.
Cronología de la denuncia
-El martes 3 de febrero Pollicita y Rafecas habían resultado sorteados para hacerse cargo de la denuncia que, inicialmente, había sido presentada por Nisman en el juzgado Federal Nª 4 de Ariel Lijo, el 14 de enero, en plena feria judicial.
-Tras la reanudación de las actividades, Lijo entendió que la misma no tenía “conexividad” con las causas anteriores por encubrimiento de la AMIA que él había investigado y la mandó a sorteo.
-Tras varias idas y vueltas, el expediente recayó en el juzgado de Rafecas, subrogado por Ramos.
-Fue Ramos quien tras recibir la denuncia –de 289 páginas- y las pruebas, entre las que hay más de 5000 horas de escuchas, remitió todo a la fiscalía de Pollicita, la Nª 11 del fuero Federal.
-Desde entonces Pollicita trabajó en la denuncia con su equipo y el 13 de febrero decidió impulsarla.
-El 26 de febrero Daniel Rafecas desestimó la denuncia de Nisman.
-El escrito que presentó el fiscal federal Alberto Nisman desarrolla a lo largo de sus 290 páginas el supuesto “plan delictivo” para dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados por el atentado de la AMIA que argumenta con diversos artículos periodísticos, notas de portales, discursos de funcionarios, mensajes de Twitter de la presidenta e intervenciones telefónicas. Con esa base y escasa prueba directa, el fiscal hace afirmaciones que quedaron refutadas con documentos presentados por distintos funcionarios.
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