Infojus Noticias

Durante todo el día familiares de víctimas, ministros del Poder Ejecutivo, funcionarios, legisladores nacionales, periodistas y especialistas de diferentes ámbitos hicieron pie en el Congreso de la Nación para asistir al Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular. En los distintos paneles se abordaron los lineamientos de acción y criterios políticos en torno a la problemática de la violencia institucional. Pero también se habló de la reforma del Código penal, la demagogia punitiva y la necesidad de cambios en la Justicia.

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, fue la encargada de cerrar la jornada, después de las 18, con la lectura de un documento consensuado entre todos los participantes. "A los reclamos sociales se les debe responder con más políticas de inclusión", leyó ante un Salón de los Pasos Perdidos colmado. Los familiares de víctimas tenían un lugar privilegiado con sus pancartas y remeras con los rostros de sus seres queridos reclamando Justicia.

“La seguridad es un tema demasiado complejo para dejarlo sólo en manos de policías y abogados penalistas”, dijo en voz alta Carlotto con los anteojos puestos y el texto en la mano. Así el documento hizo un llamamiento a la discusión pública: “convocamos a todos y todas, a debatir en cada barrio, en cada escuela, en cada fábrica, la seguridad democrática y popular, pensándola como la garantía del ejercicio efectivo de nuestros derechos, como garantía del estado de derecho”.

En general el plantel de expositores fue variopinto. Además del formato de charla-debate que se mantuvo activo durante todo el día, el equipo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) brindó asesoramiento jurídico para casos de violencia institucional a lo largo de todo el encuentro.

La mesa central fue la que se denominó “2+2=3 El reino del revés”. Este espacio estuvo dedicado a los debates pendientes sobre la reforma judicial y el anteproyecto de Código Penal y Procesal Penal. La procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó; el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky; la titular de Justicia Legítima María Laura Garrigos de Rébori y el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez fueron los encargados de estar frente a los micrófonos.

El día elegido para este Encuentro no fue casual. Desde hace dos años el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha Contra la Violencia Institucional para recordar el crimen de tres jóvenes asesinados por la policía bonaerense en lo que se conoció como la “Masacre de Budge” y darle visibilidad a la problemática.

Por la mañana, el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, el ex canciller y legislador porteño, Jorge Taiana y el diputado nacional Leonardo Grosso fueron los encargados de dar inicio los paneles de debate esta mañana. Rossi resaltó la importancia del encuentro “en un momento de Argentina donde el tema de la inseguridad, por la ampliación que le dan algunos medios, adquiere un volumen que ocupa la totalidad del sistema político”.

Fresneda opinó que “a 30 años de la recuperación de la democracia, los argentinos seguimos profundizando la democratización de las fuerzas de seguridad”. En tanto que Grosso expresó que “una sociedad segura no es la que castiga más a los delincuentes sino la que no tiene delincuentes”. También durante la apertura Miriam Medina, madre del joven asesinado en 1997 por la policía mendocina, apuntó al rol de los medios: “difaman a nuestras víctimas; parece que hay víctimas de primera y de segunda”.