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La Unidad de Información Financiera (UIF) desmintió que el viernes pasado se haya realizado un allanamiento judicial en su sede. Aclaró que ese día se recibió una diligencia firmada por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Nº 11, a cargo de Claudio Bonadío, en la que se requirió información relacionada con los reportes de operaciones sospechosas vinculados a una causa iniciada por diputados del PRO.

Los reportes de operaciones sospechosas son los informes que distintos agentes financieros designados por la ley deben remitir a la UIF en caso de que se cumplan determinadas condiciones. Cuando una persona insolvente realiza movimientos bancarios o compras de divisas con grandes sumas de dinero, o cuando existen otro tipo de operaciones que no podrían ser realizadas por quien lo solicita ante una entidad financiera, surgen estas alertas.

La UIF remite habitualmente de oficio decenas de investigaciones a partir de estos reportes a distintas fiscalías y a la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Dinero (PROCELAC), a cargo de Carlos Gonella. Además, como todo órgano del Estado, cumple con todo requerimiento judicial de información que pueda ser concentrada o analizada allí. Es lo que sucedió en este caso, según informó a través de un comunicado.

“El mismo viernes se entregó copia de la documentación en soporte digital, ya que la información original había sido remitida al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del Dr. Sebastián Norberto Casanello el pasado año”, indicó la UIF.

Sobre el caso puntual del que se le requirió la información, agregó: “Cabe mencionar que esta denuncia, inspirada en una nota periodística, resulta ser idéntica a la efectuada por el senador nacional José Manuel Cano el 3 de mayo de 2013. Al respecto, este mediodía el presidente de la Unidad de Información Financiera presentó un escrito solicitando la acumulación de la causa ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 a cargo del Dr. Claudio Bonadío”.