Infojus Noticias

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aplicó multas económicas 1.600.000 pesos a los Banco Macro y Provincia por no haber reportado, hace varios años, operaciones de compra y venta de dólares que resultaron sospechosas. “Eran operaciones por montos que no respondían al perfil de los compradores que las hacían. Esas operaciones se dieron durante seis meses y los bancos siguieron autorizándolas a pesar de que debían haberlas detenido”, explicó a Infojus Noticias José Sbatella, titular del organismo. Las sanciones se aplican –por montos iguales- al Banco y a los empleados que tenían responsabilidad de controlarlas, y tienen el mismo valor de las transacciones cuestionadas. Entre los empleados multados, se encuentra el hijo del director del Macro, Juan Pablo Brito Devoto, y el entonces oficial de cumplimiento del banco Provincia –y hoy miembro del directorio- Dámaso Larraburu, que en las últimas elecciones legislativas saltó el cerco y del bloque del Frente para la Victoria se pasó a la lista de diputados por el Frente Renovador de Sergio Massa.

Las multas contra el Banco Macro son el corolario de sumarios iniciados contra la entidad por el organismo de fiscalización financiera. El primero tenía su origen en la compra y la venta de dólares que había hecho un cliente entre el 3 de octubre y el 11 de abril de 2006. En ese lapso, había realizado nada menos que 108 operaciones. La UIF analizó si el Banco había violado el artículo 21 inciso b de la ley antilavado. Respecto de la capacidad económica del cliente concluyó que “…En el marco del análisis efectuado no se ha podido determinar que la cliente tuviera actividad laboral que justifique el reporte de autos (fs. 22/82), por lo que esta instancia considera que la operatoria reportada resulta inusual y/o sospechosa, ya que se han observado situaciones que podrían dar lugar a que: la reportada estuviera operando en nombre de un tercero, Presunción de evasión impositiva, inexistencia de domicilio declarado…”. Por eso, la UIF responsabilizó al banco y a un oficial de cumplimiento de apellido Sansuste a pagar por los 538.161 pesos defraudados.

La segunda multa tenía el germen en un sumario iniciado el 28 de diciembre de 2011 por presunta “omisión de efectuar el reporte de las operaciones efectuadas por un cliente, entre el 07 de abril de 2005 y el 06 de julio de 2007” por un valor de 842.855 pesos. En esa fecha, el cliente había comprado dólares en efectivo 20 veces entre el 07 de abril de 2005 y el 06 de julio de 2007. La resolución, también del 9 de enero pasado mediante la resolución 06/14, encontró responsables nuevamente al señor Sansuste, a Juan Pablo Brito Devoto y Luis Cerolini, como también a los directores del Banco: Jorge Horacio Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Jorge Pablo Brito, Roberto Julio Eilbaum, Alejandro Macfarlane, Carlos Enrique Videla, Guillermo Eduardo Stanley y Constanza Brito.

Por último, la sanción al banco de la provincia de Buenos Aires tiene como destinatario –además de la entidad, como marca el reglamento de la UIF- a Dálmaso Larraburu, uno de los actuales directores que en la época de la maniobra incierta el oficial de cumplimiento y debía cuidar las arcas del banco estatal. La multa es por 320.234 pesos. En marzo de 2009, un cliente abrió una caja de ahorro y sacó una tarjeta de débito. No tenía un perfil de potentado: era empleado de comercio y ganaba entre 1.001 y 2.500 pesos mensuales. Sin embargo, el banco le aprobó tres operaciones mediante la caja de ahorro y 16 más por ventanilla, en las que invocaba su condición de cliente. Incluso, hubo un alerta del banco advirtiendo sobre tres operaciones que no se adecuaban al perfil de solvencia que el cliente tenía en la entidad. “Sin embargo estas alertas fueron ignoradas”, dice la resolución a la que llegó la UIF –el mismo día que las anteriores- luego de haber analizado el caso. La sanción recayó sobre el banco provincia y sobre el oficial de cumplimiento: Dálmaso Larraburu, actual miembro del directorio y candidato del Frente Renovador de Sergio Massa en las últimas elecciones legislativas.

Por último, el organismo modificó los plazos que tienen los bancos para reportar acciones presuntamente fraudulentas. A los 150 días con los que contaban como tope, ahora se agrega un requisito más: a partir del día en que se termina el análisis de la operación examinada, el plazo máximo de entrega al organismo fiscalizador es de 30 días. “No es necesario que esperen los 150 días de plazo máximo, así no perdemos un tiempo precioso en la revisión de las maniobras turbias de los bancos”, detalló Sbatella.