Infojus Noticias

La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló la resolución del juez Norberto Oyarbide que rechazó la solicitud del ente para constituirse como querellante en una causa donde se investiga trata de personas y explotación laboral en talleres clandestinos de producción de indumentaria. La UIF pretende que en la misma causa se investigue el lavado de dinero que podrían estar realizando grandes marcas a partir de la comercialización de esos productos.

La UIF había presentado un escrito para constituirse como querellante en la causa “Ojeda Uruña Remberto y otros”, pero el juez Oyarbide elevó la instrucción a juicio oral sin responder la solicitud. Después rechazó un pedido similar en el marco de una causa paralela, que se desprendió de “Ojeda Uruña”. Ese nuevo expediente lleva como carátula “Rego Jorge Néstor y otros”, y gira en torno a violaciones a la ley de marcas.

La causa se inició a partir de una pesquisa que realizó la ex Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas –hoy Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas- que descubrió una maniobra de “captación de personas” en Bolivia para su posterior explotación laboral en talleres textiles de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

La UIF consideró que a través de la práctica ilegal de trata y explotación, no sólo se violan derechos inherentes a la persona humana, incluidos los relativos a lo laboral, sino que también se produce un abaratamiento de los costos de producción para las grandes marcas que comercializan esas prendas. Ese abaratamiento les permite a “Kosiuko”, “Motor Oil”, “Oxxo”, “Siamo Fuori” y “Scombro” - entre otras- declarar la compra de la producción a valores superiores a los que realimente lo hace, y de esa forma lavar dinero.

En diálogo con Infojus Noticias, Inés Aramburu, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF, estimó que deberían tener una respuesta del juzgado durante esta semana o la próxima, concluido el receso de invierno de los tribunales. En caso de que el tribunal de alzada también rechace la solicitud, trabajarán en conjunto con la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y buscarán abrir otra causa, vinculada a los mismos hechos, pero para investigar el delito de lavado.

La red que se encargaba de la captación de los migrantes habría estafado a 75 personas en Bolivia, mediante avisos radiales que prometían trabajos bien remunerados. Después trasladaban a las personas a Argentina, y eran sometidos a jornadas laborales superiores al límite legal, sin francos ni descanso y en condiciones indignas de higiene y vivienda, a cambio de salarios mediocres. Se los controlaba mediante amenazas y se los endeudaba con la excusa de que debían pagar por el alojamiento y el traslado a la Argentina.

Los jueces que van a tratar la causa elevada a juicio oral –“Ojeda Uruña”- son los del Tribunal Oral Federal N° 5. La otra causa es la Nº 12.390/2012, caratulada “Rego Jorge Néstor y otros s/ Delito de Acción Pública”, y es donde la UIF apeló el rechazo de su solicitud de ser parte querellante. En el escrito, el ente denunció que no investigar el lavado de activos redunda en la impunidad de las empresas que compraban las prendas para comercializarlas, a sabiendas de que eran producto de un ilícito cometido por los proveedores.