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La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió a la Cámara de Casación Federal ser querellante en la causa por enriquecimiento ilícito contra el exjuez de la Cámara Comercial, José Luis Monti. En 2011 se supo que el excamarista tenía una cuenta secreta en Suiza con un millón y medio de dólares. La Unidad de Información Financiera (UIF) busca impulsar la investigación de la presunta comisión de lavado de activos de Monti.

La Sala II, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, deberá resolver si admite o no la solicitud de la UIF de ser querellante en la causa Monti, José Luis s/ enriquecimiento ilícito -causa N° 8321.
En julio de 2011 se supo tras un allanamiento a las oficinas de Monti, que tenía una cuenta secreta en Suiza con 1,5 millón de dólares. Estaba a su nombre, de su mujer y sus hijos, y su existencia había sido omitida en todas las declaraciones juradas que el magistrado debió presentar ante la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, en su calidad de funcionario público.

La Cámara Comercial puso fin a las funciones de Monti al dejar sin efecto su convocatoria como exjuez jubilado que cubría una suplencia en la Sala C de ese cuerpo. Es que Monti se había jubilado en el año 2009, pero inmediatamente después fue convocado por sus colegas de la Cámara para cubrir su propia vacante mientras el Consejo de la Magistratura designara al suplente.
La fiscal de Cámara de ese entonces, Alejandra Gils Carbó, comenzó a denunciar estrategias de Monti y de otros dos jueces de la Sala C, Alfredo Kolliker Frers y Juan Garibotto, para impedir que dictamine en varios expedientes donde se jugaban intereses de importantes grupos económicos del país, como son Papel Prensa (Grupo Clarín), Sociedad Comercial del Plata (Grupo Soldati) y  Transportadora Gas del Norte (Grupo Techint).

La Unidad de Información se presentó como querellante, hace ya casi dos años, en la causa que tramita contra Monti, ex juez de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, luego de que el fiscal Sandro Abraldes lo identificara como cliente de la "cueva" financiera que funcionaba en la sucursal de Puerto Madero del Banco BNP Paribas.

El organismo de control denunció que "el delito de enriquecimiento ilícito derivado de sus cuentas secretas en el exterior y la omisión de su declaración representaban indicios suficientes para vincular a Monti al delito de lavado de activos".
La UIF indicó que el exjuez operaba en oficinas cuya existencia no fue informada al Banco Central, y en las cuales "se administraban cuentas bancarias, dinero e inversiones en el extranjero, no declaradas en el país y provenientes de delitos, evadiendo la normativa y los controles referentes a la prevención del lavado de activos y en infracción a la normativa cambiaria vigente”.

Sin embargo, el juez Sergio Torres, en ese entonces a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional 9, negó esa posibilidad, con lo cual impidió toda intervención de la UIF en la causa. Luego, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, confirmó el fallo de Torres. Aunque esta Sala admitió la participación de la Unidad en otras causas, donde la presunción del delito precedente habilitaba la investigación por lavado, esto no aplicó para el caso del camarista Monti.

La UIF se presentó como querellante conforme a las funciones establecidas por la Ley 25.246, que prevé su intervención en las causas donde exista hipótesis de lavado, como ocurre en la presente. Si bien el decreto 2226/2008 legitimó en forma expresa a la Unidad para intervenir como parte querellante en los delitos tipificados en la ley de Lavado de Activos, "en ocasiones se ve una
gran resistencia a la participación del organismo anti-lavado", advierte el comunicado. En virtud de ello, añade, la UIF recurrió a la Sala II de la Cámara de Casación Federal, "con la esperanza de que ésta avale el impulso a la investigación que puede darle la figura del
querellante".