Infojus Noticias

El juez Sebastián Casanello, del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, aceptó la solicitud de la Unidad de Información Financiera (UIF) de ser tenida por parte querellante en la causa Nº 4334/13 "Autopistas del Sol S.A. s/ Averiguación de Delito". La causa es por presunto de activos a través de la empresa financiera JP Morgan Chase. Habría sido a través de cuentas offshore entre los años 2006 y 2008. 

Según la investigación realizada por el diario Tiempo Argentino en el mes de mayo, JP Morgan Chase habría gestionado la fuga de unos 120 mil millones de dólares pertenecientes a Autopistas del Sol y un numeroso conjunto de compañías locales y multinacionales.

El paquete accionario de Autopistas del Sol está conformado por la española Abertis (31,59%), la constructora italiana Impregilo (19,82%), la empresa Sideco del Grupo Macri (7%), y las españolas Dycasa (5,83%) y el Grupo ACS (5,72), más un  30% del capital conformado por la oferta pública de acciones en la Bolsa de Comercio. Entre los protagonistas de las transferencias también figura el empresario del chocolate Ricardo Fort, quien participa de una transferencia por U$S 512 mil al JP Morgan Chase de Nueva York el 7 de julio de 2008, y el ex embajador argentino ante la ONU bajo el menemismo Emilio Cárdenas, con una transferencia de U$S 24.710 del 6 de marzo de 2007.

De acuerdo con lo informado por el diario, existe un registro de las transacciones financieras realizadas por esas firmas a través de cuentas offshore entre los años 2006 y 2008, con los nombres, números de cuenta, montos y sedes de los bancos implicados.

En todas las operaciones figura la participación del JP Morgan Chase, precisa un comunicado difundido hoy por la UIF.

Después de la publicación periodística, el fiscal Guillermo Marijuan hizo una ampliación del requerimiento de instrucción a fin de que el juez Sergio Torres incluyera estas operaciones en la investigación, que hace cinco años conduce contra el JP Morgan y 469 personas físicas y jurídicas -clientes del banco- por evasión y lavado de activos.

Sin embargo, Torres entendió que se trataba de un hecho nuevo y resolvió la apertura de un nuevo expediente, el cual fue sorteado al juzgado de Sebastián Casanello.

El caso a cargo del juez Torres fue iniciado en 2008, tras la autodenuncia formulada por el ex vicepresidente del JP Morgan, Hernán Arbizu, aún sin mayores resultados.

Entre los 469 clientes de ese expediente se encuentran también los principales directivos del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto.

La UIF considera que se trata de un mismo conjunto de hechos, porque el presunto agente lavador es el mismo (JP Morgan). No obstante, destaca que la intervención de un nuevo juez en parte de las actuaciones "podría dar un verdadero impulso a la investigación de maniobras tan gravosas para el pueblo argentino".

“Todas estas maniobras muestran con claridad a todos los directivos del JP Morgan de la Argentina y del exterior, como incursos en una coautoría para cometer el delito de Lavado de Activos con el agravante de habitualidad y en banda conforme lo establece el Art. 278 inc. 1 acápite b, del Código Penal, pues claramente estamos ante una operación realizada por el crimen organizado donde cada eslabón de la larga cadena realiza una función específica tendiente a cumplir con un tramo del tipo penal. Y es el conjunto de las maniobras, las que confirman la realización de la operación ilícita”, dice el escrito del organismo presentado ante Casanello.

En su presentación, la UIF pidió la imputación de Arbizu, así como de distintos directivos del JP Morgan a nivel nacional y mundial. Entre ellos: James Dimon, Mary Erdoes, Alvaro Martínez Fonts, Luke Palacio, María Elena Vergara, Alexandra Preite, Javier Galego, Adrián Garate, Roberto Zorgno, Federico Rousillon, Gioirgio Chiessa, María Laura Tramezzani, Agustín de Estrada Grijalva, Carolina Sánchez Rivas, Andrés Rodríguez Lubary y Facundo Gómez Minujín.

A todos esos directivos la UIF los sindica como "integrantes de una asociación ilícita destinada al lavado de activos de procedencia delictiva", y los acusa de "infringir el régimen penal cambiario".