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La venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA) durante la década menemista será elevada a juicio oral durante los próximos días. El juzgado de Sergio Torres concluyó la etapa de instrucción y el expediente será sorteado para determinar ante qué tribunal será el juicio. Entre los doce imputados por la maniobra fraudulenta con la que la SRA se hizo del predio están el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Se los acusa de ser los resposnables del plan para la "malversación de caudales públicos".

El predio llegó a manos de la Sociedad Rural en 1991, por una operación de 30 millones de dólares. El monto fue definido por las tasaciones del Banco Ciudad y el Hipotecario, que coincidieron en el mismo valor a pesar de que había una tasación oficial previa de 943 millones que contemplaba los usos comerciales posibles. La última tasación fue de la Corte Suprema de Justicia, que en 2006 determinó que el valor del terreno alcanzaba los 131 millones de dólares.

Entre los imputados también están el ex presidente de la SRA, Eduardo de Zavalía, y el ex secretario de la entidad, Juan Alberto Ravagnan. Los otros funcionarios involucrados son los del área dedicada a la venta de tierras del Estado y los tasadores del Ciudad y el Hipotecario. Están todos involucrados en la operación reconstruida por el fiscal Carlos Stornelli, que solicitó la elevación a juicio en agosto del año pasado, indicó el diario Página/12.

"Se aplicaron normas que no se ajustaban al caso, se omitieron mecanismos de control y dictámenes previos, se soslayaron tasaciones anteriores y se desconocieron actos legítimos de la misma administración", detalló en ese dictamen. El fiscal apuntó contra el ex presidente y su ministro, y dijo que "el más grave incumplimiento y la mayor gravedad que sigue al despojo del patrimonio público e histórico acontecido en manos de un ex presidente y de uno de sus colaboradores más cercanos es que se ha observado un claro desprecio a la manda constitucional", afirmó.

Una historia antigua

Las doce hectáreas del predio ferial de Palermo pertenecían al Parque Tres de Febrero, que hasta 1852 habían sido tierras de Juan Manuel de Rosas. En agosto de 1875 el predio fue cedido a la Sociedad Rural, y en diciembre de 1880 el gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó los terrenos al gobierno nacional tras la firma de un acuerdo. Desde 1905, el Congreso nacional prorrogó periódicamente el usufructo del predio a la SRA, pero siguió siendo un bien de dominio público. Para enajenarlo, hacía falta otra ley del Congreso.

Los entonces ministros de Economía y de Obras y Servicios Públicos, Antonio Erman González y José Dromi, firmaron en febrero de 1990 un decreto que prorrogaba por 35 años el usufructo del predio a favor de la SRA. Así, el Estado continuaba el acuerdo tácito desarrollado desde 1905, pero sin que pasara por el Congreso. Ese decreto nunca fue ratificado por los legisladores. No queda claro quién propuso la compraventa, porque desde la Sociedad Rural sostienen que lo hicieron funcionarios del Estado, pero el ex presidente de la Comisión de Venta de Inmuebles estatales, Matías Ordóñez -que está imputado-, rechazó la afirmación.

En una nota que pertenece al expediente administrativo 25.587/88 hay una nota del 14 de noviembre de 1991 en la que la SRA deja clara su intención de comprar el predio. Cuatro días después, la Comisión de Venta de Inmuebles pidió la tasación a los bancos Ciudad e Hipotecario, que coincidieron en la cifra de 30 millones de dólares en dos dictámenes coincidentes y con la misma fecha. El 20 de diciembre, mediante el decreto 2699/91, se firmó el boleto de compraventa. El Tribunal de Cuentas de la Nación y el contador fiscal impugnaron la operación, lo que encarna una prueba clave para probar si existió una defraudación al Estado.

El gobierno nacional dictó el decreto 2552 a fines de 2012 para revocar la venta del predio que posee la SRA. Se consideró que la transferencia había sido realizada a "precio vil", pero el instrumento fue suspendido a través de una medida cautelar. La resolución de este juicio busca dirimir la cuestión de fondo, que si probara la venta fraudulenta, podría devolver el predio al patrimonio del Estado.