Infojus Noticias

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer los distintos puntos donde se ubicarán las aulas “modulares” según lo previsto por el Gobierno porteño. Lo hizo a través de un informe donde también señaló que la mayoría estarán ubicadas en la zona sur de la ciudad y se destinarán al nivel inicial. La medida fue repudiada por los docentes, la Defensoría General y la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires; y ya cuenta con un antecedente judicial donde se las consideró “denigrantes” y “un peligro para la vida y la salud”.

El Ejecutivo de la ciudad pagará 26.650.000 pesos para obtener 42 containers, de los cuales 32 improvisarán aulas y el resto serán sanitarios, áreas administrativas y un comedor. Cuarenta de todos ellos estarán en los barrios del sur –en una fábrica abandonada, predios de otras escuelas y terrenos baldíos-, uno en Palermo y otro en Saavedra. En los predios donde serán ubicadas debían erigirse escuelas que fueron proyectadas con anterioridad, pero cuyas obras apenas fueron iniciadas.

“Es violencia simbólica, pedagógica y educativa” protestó Eduardo López, secretario general de UTE-CTERA. En diálogo con Infojus Noticias, explicó la importancia de que las escuelas se encuentren en condiciones. “La escuela es el primer edificio público al que ingresa un niño, y hay cientos de pibes que van a entrar a un container”. Para el gremialista, “es una forma de mercantilización de la educación”, algo que encuentra inaceptable porque “la educación es un derecho, no una mercancía”.

El titular del sindicato de docentes sostuvo que la medida impulsada por el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, apunta a lograr el vaciamiento de la educación pública. Según López, no se trata de algo aislado. “Se verifica en todas las áreas del gobierno de Macri. Siempre va en desmedro de lo público”. Criticó la disminución del presupuesto relativo para la educación pública en la ciudad, que en 2003 alcanzaba el 30 por ciento del total y para este año no llegará al 24 por ciento. “Además de recortar presupuesto, lo subejecuta y después reasigna las partidas para otras cosas”.

La Justicia no avala los containers

La Defensoría General de la ciudad realizó una acción de amparo ante la justicia del fuero contencioso administrativo porteño. Fue por el déficit de vacantes que ocasionó la implementación del sistema de inscripciones online, estimado en 17 mil chicos. Según UTE, son seis mil los que no tienen vacante asignada y otros once mil los que tienen garantizado un lugar, pero no el que les corresponde según las prioridades que establece el reglamento. Un chico que termina el ciclo preescolar y comienza la escuela, tiene derecho a seguir en esa misma institución; al igual que los que son inscriptos en la escuela de su hermano o donde trabaja alguno de sus padres. Esas prioridades no fueron respetadas.

El Gobierno de la ciudad se comprometió en sede judicial a solucionar el problema de las vacantes antes del tres de febrero, y la Defensoría General advirtió que no podía garantizar esas vacantes con las llamadas “aulas modulares”. Las aulas tenían que garantizarse con la construcción de aulas, el alquiler de establecimientos o la habilitación de otros edificios públicos para utilizarlos en el dictado de clases. La posibilidad de que los chicos asistieran a clases a un container fue descartada desde el comienzo.

La Defensoría del Pueblo ya había impugnado la utilización de un aula de este tipo en La Boca, y en un fallo de 2006, el entonces juez de primera instancia Fernando Lima –hoy camarista- obligó al GCBA a realizar las obras necesarias para garantizar las aulas, y consideró que “sólo acudiendo a un eufemismo puede sostenerse que los containers en cuestión constituyen, efectivamente, aulas”. En consonancia con una presentación realizada por la ACIJ, el magistrado consideró “impropio que se dicten clases en tales denigrantes condiciones” y dictaminó que “implica un concreto peligro para la vida y salud de alumnos y personal docente y no docente en virtud de los materiales de que están hechos los containers y de la circunstancia de que tienen una sola -y pequeña- vía de entrada y salida”.

El padre de una niña a la que le anularon la vacante para una escuela porteña por “errores formales” en el sistema online solicitó que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata del abogado Daniel Igolnicov, que solicitó que se habilite la feria judicial para que su expediente sea tratado. En el escrito judicial, enfatizó que el GCBA sostiene una “actitud soberbia y demagógica”, denunció que no le dieron respuesta a su reclamo, y que las víctimas son “las familias, así como miles de niños y niñas y adolescentes", informó Telam.

Resistencia y medidas de fuerza

Docentes, no docentes, padres y asociaciones de la sociedad civil organizaron una Multisectorial por las vacantes que faltan. Bajo el lema “Ningún niño sin escuela pública” comenzaron a juntar firmas en repudio a la implementación del sistema de inscripción online, que desde la Defensoría General de la Ciudad fue considerado “un método para trasladar parte de la matrícula pública a la privada”. La campaña continuará el fin de semana en los parques, plazas y esquinas más transitadas de la Capital Federal.

UTE convocó a una movilización para este martes al mediodía hasta las puertas del Ministerio de Educación porteño, ubicado en Av. Paseo Colón 255. Entregarán el listado con las firmas peticionando para que se vuelva al sistema tradicional de inscripción y para que se garanticen las vacantes para los cerca de 17 mil alumnos que fueron afectados.  “La educación pública es un derecho, y debe ser igualitaria y de calidad”, apuntó López. Y agregó: “para el macrismo, si no tenés plata vas a un container, y sólo si tenés plata vas a un lugar digno”.