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Testimonios y documentos de la megacausa La Perla –La Ribera, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF Nº 1) de Córdoba, revelan cómo las empresas automotrices colaboraron con el Tercer Cuerpo de Ejército en la represión a sus trabajadores. Durante la audiencia en que declaró Juan Enrique Villa, quien fuera secretario general del Sindicato de Perkins al momento del Golpe de 1976, la presencia de exobreros de la fábrica, con las fotos de sus compañeros desaparecidos y asesinados por la dictadura en sus pechos, presagiaba que la jornada iba a ser especialmente ilustrativa de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado. Los retratos pertenecían a Pedro Ventura Flores, Hugo Alberto García, Adolfo Ricardo Luján, José Antonio Apontes, Víctor Hugo González, Guillermo Abel Pucheta y César Jerónimo Córdoba, nombres que fueron evocados por el testigo al recordar “la ola de secuestros” que se abatió contra su organización sindical.

“Éramos un grupo de compañeros que asumimos un trabajo reivindicativo muy fuerte para recuperar el gremio, que (a principios de los ‘70) estaba en manos del sector burocrático, que eran súbditos de la empresa. En febrero de 1973, ganamos las elecciones con la Lista Marrón. La primera comisión directiva estuvo presidida por Miguel Ángel Agüera y luego me tocó presidirla a mí, en una gestión interrumpida por el golpe del 24 de marzo del ‘76”, narró Villa al comenzar su declaración.

Pero la persecución a sus dirigentes había empezado mucho antes, con el levantamiento policial de febrero de 1974 conocido como el Navarrazo. El gremio de Perkins militaba en la CGT de los Argentinos, que en Córdoba conducían Agustín Tosco y Atilio López. Al ser “normalizada” por la Intervención Federal, los sindicatos combativos conformaron la Mesa de Gremios en Lucha, para resistir a la represión paramilitar y luego a la dictadura.

Espías en la Perkins

El testigo aportó al Tribunal un informe -parte del acervo documental del Archivo de la Memoria- de la Policía Federal, fechado el 15 de marzo del ‘76, que daba cuenta de la actividad de los sindicatos y en el que figuraban su nombre y el de numerosos integrantes de ese espacio que luego serían víctimas de la represión. También presentó otro documento de inteligencia, posterior al secuestro de García y Apontes, el 18 de mayo del ‘76, que señalaba: “No se descarta la posibilidad que Apontes y García, por haber sido integrantes de la Mesa de Gremios en Lucha que apoya a la izquierda, hayan sido integrantes de las organizaciones armadas”.

Ante la desaparición de sus compañeros, y en el peor momento de la dictadura, los trabajadores de Perkins hicieron una huelga de dos días, recordó Villa y destacó que esa información “figura en el mismo informe” de la Policía Federal, del que señaló como fuente al directorio de la firma.

“Después, la empresa hacía ir dos veces al día al Ejército a la fábrica. Hacían una lista y sacaban a cuatro o cinco compañeros, los hacían dormir en (el campo de concentración de) La Ribera. No les pegaban y los soltaban a los dos días, pero eso los amedrentaba”, denunció. Además, un funcionario de la fábrica “hablaba por teléfono a las casas de los compañeros y decía: ‘Mire que el Tercer Cuerpo ha preguntado por su marido. Trate de decirle que no participe en reuniones’. Eso es absoluta complicidad de la empresa con la represión”, explicó.

En un pasaje de su testimonio, Villa afirmó: “Nosotros éramos jóvenes impetuosos que queríamos un mundo más justo. Y nos dimos cuenta de que se ponía difícil la cosa. La patronal jugó un papel muy importante, porque a los domicilios los sacaban las fuerzas armadas de algún lado y ellos tenían vía directa con el Tercer Cuerpo de Ejército”.
Ante lo denunciado por el testigo, el TOF Nº 1 resolvió -a instancias del fiscal Facundo Trotta- que se corra vista a la Fiscalía de Instrucción para que investigue la actuación de la empresa Perkins en los años del terrorismo de Estado.

Las listas de la Renault

En la misma audiencia, los abogados querellantes de H.I.J.O.S. y Familiares sumarían otra revelación sobre la participación empresaria en la represión, al informar que en el Colegio de Escribanos de Córdoba existen actas notariales en las que consta que la empresa IKA-Renault habría entregado listas con las direcciones de sus trabajadores a las autoridades militares.

En respuesta a una nota del mismísimo Luciano Benjamín Menéndez, exigiendo a la empresa que “en el término de 72 horas” provea esa información por “requerimientos de seguridad”, la IKA-Renault entregó las listas, pero hizo certificar ante escribano que en algunos casos los obreros “no actualizaron” su domicilio o “no asistieron” ese día al trabajo. Así, la “prolijidad” burocrática de la multinacional automotriz generó esta valiosa evidencia.
Ante el planteo de que se solicite esta documentación con el fin de “investigar esta práctica sistemática” y la “línea directa entre las fábricas y el Tercer Cuerpo”, para proveerle información que “se usaba para inteligencia, secuestros o extorsiones posteriores”, el fiscal Trotta manifestó su adhesión a los argumentos “más que contundentes” de la querella.

Según los querellantes, en el archivo del Colegio de Escribanos existen por lo menos cuatro actas notariales con listas del personal de la empresa IKA-Renault, donde figuran con sus respectivos domicilios Hugo Osvaldo López, Carlos Alberto Velázquez, Jorge Oscar Rodríguez, Maximino Sánchez y René Rufino Salamanca -el secretario general del Sindicato de Mecánicos de Córdoba secuestrado el mismo 24 de marzo de 1976-. Todos están desaparecidos y registrados como víctimas en las distintas causas que componen este juicio.
Llamativamente, el abogado Osvaldo Viola, esforzado defensor particular de los acusados ex oficiales Ernesto Barreiro y Jorge Exequiel Acosta, no solo no se opuso a la incorporación de las listas de IKA-Renault, sino que planteó:
-No necesito verlas para adherir. También voy a pedir copia, en función de que ejerzo la defensa de un ciudadano francés en otra causa.

Luego, Viola precisó a Infojus Noticias que se refería a Mario Alfredo Sandoval, a quien definió como “un catedrático argentino nacionalizado francés”. En realidad, se trata del ex agente de inteligencia de la Policía Federal conocido con el alias de “Churrasco”, imputado en la causa ESMA por “tormentos, privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos con resultado de muerte”, a quien el abogado cordobés representa “para evitar que lo extraditen” desde Francia.

Con ese fin, en septiembre pasado Viola presentó una denuncia penal contra “las autoridades Judiciales e Institucionales de la República Argentina que ilegalmente lo persiguen” e incurren en los delitos de “prevaricato, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público”, como parte de “una asociación civil encubierta por el Gobierno”. Entre ellas, el juez Sergio Torres, titular del Juzgado Federal Nº 12, el secretario Pablo Yadarola y el fiscal Eduardo Taino; la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los ministros de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad de la Nación, además de los periodistas del diario Página 12, que publicó las primeras notas sobre el pasado de Sandoval.

El vínculo que Viola encuentra entre el caso Sandoval y la Renault está planteado en esa misma presentación, donde cita una serie de acciones guerrilleras de los años ‘70 contra funcionarios e instalaciones de empresas de capital francés en la Argentina. “Las víctimas francesas (empresas, personas) y sus familias tienen todo el derecho de conocer la verdad, de llevar los autores de esos hechos ante la Justicia y así poder hacer el duelo tanto esperado”, sostiene el abogado.

Con similar argumento al que su defensor expuso en esa denuncia, el represor y carapintada ex mayor Ernesto Barreiro expresó, en la audiencia siguiente a la de las revelaciones sobre Perkins e IKA-Renault: “Sin acoplarme a los argumentos de la querella, hubo muchos sectores de la sociedad argentina que por las matanzas, los secuestros y el terror, se inclinaron a apoyar a las fuerzas armadas. Hablando del sector empresario, ¿cuántos empresarios fueron secuestrados o asesinados? A ellos ni siquiera les cabía el ‘algo habrán hecho’, porque eran inocentes, más allá de la ficción de que eran representantes del imperialismo. Si yo no hice nada y era gerente de una fábrica, qué iban a decir: que verdugueaba a los obreros”.

Por supuesto, nada dijo Barreiro sobre la afinidad ideológica de las empresas con la política económica de la dictadura, y menos aún sobre los motivos que las llevaron a entregar a los genocidas a sus trabajadores, en particular los militantes sindicales.

El álbum de la Fiat

En una audiencia anterior, Jorge Luis Argañaraz , ex militante montonero y trabajador sindicalizado de Fiat-Materfer, había revelado que los directivos de la multinacional tuvieron un “papel determinante” en el secuestro y desaparición de obreros y delegados gremiales.

El 22 de noviembre de 1976, Argañaraz fue secuestrado y llevado al campo de concentración de La Perla, donde fue sometido a torturas e interrogado sobre sus compañeros de militancia sindical y política. Luego de dos días, “vinieron con álbumes que pertenecían a Fiat, que tenían fotos de compañeros”. “La empresa se los había provisto”, porque “cuando ingresábamos a la empresa nos sacaban una foto para la credencial y otra para el álbum. Esos álbumes son los que me mostraron en La Perla”, explicó el testigo. La revelación también motivó que el Fiscal solicitara al Tribunal que se inicie una investigación, aún pendiente.

Además, Argañaraz refirió que desde antes del golpe de Estado del ‘76 habían ingresado a la fábrica agentes de Inteligencia del Ejército que “trabajaban abiertamente con la empresa”. En medio de su relato, se emocionó al recordar a sus compañeros que fueron víctimas de la dictadura, entre ellos Néstor Lellín, “extraído por la patota de adentro de la misma planta” el 6 de septiembre del ‘76. Al recomponerse, aseguró: “Fueron 32 o 33 compañeros de la Fiat desaparecidos en Córdoba; y yo tengo 27 nombres. Pero no sólo la Fiat tuvo un papel determinante. Hay otros empresarios que tendrían que estar sentados en el banquillo de los acusados”.

Foto: Nicolás Castiglioni.