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Después de que el juez federal Álvaro Coleffi decidiera apartarse, la causa que investiga la complicidad del diario La Nueva Provincia en el asesinato de dos obreros gráficos en 1976, no tiene juez. Vicente Massot, director del periódico,  había sido acusado por el Ministerio Público Fiscal de ser el coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, quienes aparecieron baleados en un paraje cercano Bahía Blanca, en julio de 1976. Hoy las dos hijas de Heinrich pedirán al Consejo de la Magistratura que la investigación continúe en manos de un juez que no sea de la ciudad. Anoche, unos doscientos manifestantes de partidos políticos y organismos de derechos humanos reclamaron ante los tribunales federales que se reactive la causa.

Un escándalo judicial de 38 años

El juez Coleffi se apartó la semana pasada, después de que el secretario del juzgado que subrogaba, Mario Fernández Moreno, presentara un escrito en el que decía sufrir “violencia moral”. Acusaba a Coleffi por la forma de llevar las investigaciones. En ese escrito se apoyaron los defensores de Massot y de Hugo Sierra (secretario del juzgado durante la dictadura) para pedir la recusación del magistrado.

El escándalo judicial que hoy moviliza a Bahía Blanca empezó 38 años atrás. El 4 de julio de 1976, en un paraje que se conoce como la Cueva de los Leones, aparecieron los cadáveres de Enrique Heinrich y Miguél Angel Loyola. Heinrich era maquinista en la rotativa; Loyola, estereotipista; y ambos, dirigentes del sindicato que participaban en huelgas por demandas laborales. Sus cuerpos aparecieron maniatados y con signos de haber sido torturados. En el lugar había 52 vainas calibre 9 milímetros. La noticia se publicó dos días después en La Nueva Provincia, en una nota de veinte líneas, pero nunca más se mencionó.  

El caso de los obreros se trató en el juicio donde el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a 17 agentes de la Marina. En la sentencia, ordenó que se investigara el rol del diario La Nueva Provincia en los asesinatos. En ese momento, en el juzgado estaba Santiago Ulpiano Martínez, célebre por sus simpatías castrenses y vínculos familiares con imputados, como el ex secretario Hugo Sierra. Ulpiano Martínez delegó la investigación en la fiscalía de Derechos Humanos que conducen José Nebbia y Miguel Palazzani.

La Unidad Fiscal investigó rápidamente, elevó la acusación y pidió la detención de Massot y su indagatoria. Ulpiano Martínez negó ambos pedidos: argumentó que Massot y el diario habían ejercido la libertad de prensa y que no habían tenido participación en los crímenes.

Días decisivos para la causa

Los fiscales apelaron y la Cámara revocó parcialmente el fallo de Martínez. Ordenó investigar a Massot pero no ordenó detenerlo ni indagarlo: argumentó que el empresario se había presentado al inicio de la investigación y no le habían dejado ejercer su derecho a una declaración espontánea, previsto en el Código Procesal Penal. Ulpiano Martínez quedó fuera de la causa.

Entonces asumió el juez Álvaro Coleffi. El Ministerio Público Fiscal ya había imputado al empresario “junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”. En el asesinato de los obreros, lo habían señalado como coautor “instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”.

Coleffi le prohibió a Massot salir del país. Lo llamó dos veces a declaración indagatoria y ordenó un allanamiento de la sede de La Nueva Provincia para buscar pruebas. Media hora antes de que Massot compareciera por primera vez ante Coleffi , LU2 –la radio del empresario- reveló una denuncia del juez Ulpiano Martínez contra Coleffi. Lo acusaba de filtrar escuchas telefónicas en una causa que investigaba a Juan Suris, el novio de Mónica Farro, por narcotráfico. El momento era sugestivamente oportuno: hacía ocho meses que las desgrabaciones aparecían en los medios.

En sus descargos ante Coleffi, Massot dijo que no estaba en la empresa durante 1976. Se excusó diciendo que el periódico estaba a cargo de su madre Diana y de su hermano, ambos ya fallecidos. Sin embargo, una investigación de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (Ofinec) del Ministerio Público Fiscal sobre los libros contables secuestrados en el allanamiento, determinó que Massot (ex ministro de Defensa de Carlos Menem) había recibido su salario y firmado la asistencia al diario en la época de los asesinatos.

Lazos de sangre

En los últimos días, cuando el juez Coleffi debía pronunciarse sobre la situación de Massot, la causa dio un nuevo giro. Mario Fernández Moreno, el secretario de Derechos Humanos del juzgado que subrogaba Coleffi, presentó un escrito en la causa Massot. Decía que las investigaciones del juez le generaban “un estado de desconfianza frente al curso que siguen los trámites”, y que padecía “un alto grado de violencia anímica y moral”. El secretario denunciaba además una “suerte de campaña difamatoria en contra del Dr. Santiago Ulpiano Martínez”.

El secretario Fernández Moreno es hijo de un ex camarista de Bahía, Augusto Fernández, que designó y sostuvo como juez a Santiago Ulpiano Martínez. Fernández fue recomendado al cargo por el entonces vicepresidente Eduardo Duhalde, padrino de su casamiento y de uno de sus hijos. El entonces camarista designó como secretaria a Stella Maris Suppicich Speroni de Ramos, hija de uno de los marinos de la ESMA. Antes de jubilarse con un pago de 45.000 pesos, en abril de 2012, Fernández excarceló a 36 represores procesados por crímenes de lesa humanidad.

El escrito de su hijo fue utilizado como base fáctica por la defensa de Massot, que estaba a punto de ser procesado, y la de Hugo Sierra –comparten el abogado-, para pedir la recusación del juez.

Coleffi decidió apartarse del expediente, pero le respondió al secretario en duros términos. “Es indigerible y bochornoso que el secretario Fernández Moreno intente desacreditarme y, a la par, se arrogue facultades para introducir en este proceso un juicio de valor en defensa de Martínez, excusado en este trámite”. Hoy, una de las investigaciones más relevantes sobre Terrorismo de Estado busca desentrañar la complicidad de un empresario mediático en dos homicidios, pero está a la deriva, sin juez. 

Colaboró con la investigación Diego Kenis.