Antes de finalizar este mes, los seis proyectos habrán sido sancionados y promulgados. Una vez superada esta etapa, el Congreso comenzará a tratar las reformas a los códigos de fondo, entre otros puntos clave para democratizar la Justicia.
Dos de los seis proyectos ya son ley, otros tres lo serán este miércoles, y el último deberá ser refrendado en diputados. El avance del trámite parlamentario sigue generando repercusiones. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y la Asociación de Magistrados son dos de los actores que más afectados resultarían con las reformas y reaccionaron ante las medidas. Jorge Rizzo, presidente del Colegio, ya presentó un amparo en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Luis María Cabral, por parte de los jueces, adelantó que presentarán otro en estos días.
El martes 30 de abril la jueza Cecilia Gilardi Madariaga no hizo lugar al pedido de amparo preventivo presentado por el abogado Andrés Gil Domínguez. El constitucionalista estuvo invitado por los diputados de la oposición al debate en comisiones donde se dio dictamen a los proyectos de creación de Cámaras de Casación, de regulación de medidas cautelares contra el Estado y de reforma del Consejo de la Magistratura. Su pretensión era anular las dos primeras leyes pero la titular del Juzgado nº 8 en lo contencioso administrativo federal fundó su negativa en que aún no habían sido promulgadas.
Jorge Rizzo, por parte del CPACF, presentó otro amparo solicitando que se declare inconstitucional la ley de regulación de las medidas cautelares y aún no tuvo respuesta. Según Rizzo, la norma afectaría la oferta de servicios jurídicos por parte de los abogados. Luis María Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados, aún no promovió ninguna acción judicial, pero adelantó que cuestionará la constitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura. Desde la entidad de los jueces, no es admisible “la partidización de la Justicia”.
Las críticas de los representantes corporativos se suman a las declaraciones de Gabriela Knaul, la relatora especial de la ONU para la independencia de los jueces. La funcionaria llamó al Gobierno a dar marcha atrás con la reforma, a través de un comunicado que la senadora Sonia Escudero llevó al Congreso el martes pasado.
En contraposición a las críticas, jueces, fiscales, defensores y académicos agrupados en Justicia Legítima respaldaron las reformas anunciadas por la Presidenta de la Nación. De la misma forma, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el Secretario de Justicia, Julián Álvarez, defendieron las reformas en ambas cámaras, en ocasión de la presentación de los proyectos ante las comisiones.