Infojus Noticias

En Argentina una persona trans vive hasta los 35/40 años, en promedio. Hasta hace poco más de dos años, cuando se votó la ley, la identidad de género no era un derecho. No estaba reconocida por el Estado. El VIH/SIDA, la transfobia, los abusos policiales, la mala atención en hospitales y centros de salud, las nulas oportunidades laborales, el uso de silicona industrial, la pobreza y la violencia histórica redujeron la esperanza de vida de las personas trans a la de la mitad de la población. La legisladora María Rachid presentó en 2012, en la legislatura porteña, un proyecto de ley para entregar un subsidio a miembros de la comunidad trans que hayan cumplido los cuarenta años en la Ciudad de Buenos Aires. El texto fue representado esta semana porque había pedido estado parlamentario. Algunos medios levantaron la noticia y fue recibido con rechazo en las redes sociales y comentarios. La discriminación emergió en casi todos comentarios negativos. Los defensores plantean que las trans mayores de 40 son sobrevivientes.

A Laura Aguilar, de 32 años, le clavaron cinco puñaladas en mayo del año pasado. Fue en Tierra del Fuego. Ella había sido la primera persona transexual en recibir su DNI con su verdadera identidad de género en esa provincia. Su asesinato forma parte de los cinco “crímenes de odio” registrados por los medios de comunicación durante 2013. El relevamiento forma parte del informe de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) sobre asesinatos por orientación sexual e identidad de género. Este tipo de homicidios es la segunda causal de lo que los militantes llaman “genocidio trans”.

“Las personas trans de más de 40 años son prácticamente sobrevivientes”, dijo Rachid a Infojus Noticias. “Es el único colectivo social que tiene esa expectativa de vida”, reafirmó Esteban Paulón, presidente de la Federación LGBT. La iniciativa contempla un subsidio para un grupo acotado. Se trata de alrededor de cien porteños trans que han llegado a cumplir esa edad y realizaron su cambio registral conforme la Ley Nacional Nº 26.743. En concreto, es una reparación económica. En la redacción colaboró la Mesa Nacional por la Igualdad, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y la Federación Argentina LGBT.

“Nosotras hemos sido maltratadas. Fuimos empujadas a la prostitución, encerradas en calabozos por los edictos policiales. El Estado debe reconocer a la comunidad trans que vivió la dictadura y la democracia  reciente que abierta, criminal y anticonstitucionalmente nos perseguía por el sólo hecho de ser trans. Esa persecución imposibilitó todas nuestras posibilidades de desarrollo”, dijo a Infojus Noticias, Marlene Wayar de Futuro Transgenérico y la Red Trans de Latinoamérica y el Caribe “Silvia Rivera”.

La problemática hoy se judicializó. El año pasado la Justicia porteña hizo lugar a un fallo favor de Mariela Muñoz, Marlene Jaimes, Juli Romero, Norma Giraldi y Yanina Moreno. Todas son mujeres trans de la tercera edad que han sido excluidas del mercado laboral y educativo por su condición de género y hoy no pueden reinsertarse en ningún ámbito. Por la discriminación sufrida tampoco tienen los recursos económicos necesarios para abastecer sus necesidades diarias. Casi todas fueron víctimas de violencia institucional sucedieron en la Ciudad.

“La lenta muerte trans” se titula un texto que publicó @fragmentario. Según este artículo desde enero de 2008 se contabilizan más de 1500 asesinatos de personas trans. Casi el 80% de esos crímenes ocurrió en América Latina. Se trata de un asesinato por día. El 41% intentó suicidarse al menos una vez, un porcentaje nueve veces más alto que la media (4,6%). “La realidad de los transexuales en nuestro país no es mucho mejor que en el resto del mundo. El 84% no terminó la secundaria, el 64% tiene la primaria incompleta, el 95% se dedica a la prostitución”, continúa el artículo.

 “La ley de identidad de género fue un avance grandísimo. Pero para establecer la igualdad jurídica y la equidad todos los días hay que establecer políticas púbicas locales. Esta es una propuesta que forma parte de una batería de iniciativas”, explicó Rachid.

El proyecto pone el foco en la falta de oportunidades. Si se analiza el ámbito laboral, la ley de identidad de género fue un punto de inflexión. Los hombres trans comenzaron a trabajar o reiniciaron una búsqueda a partir de la vigencia de la norma. Esto lo reveló el primer estudio sobre el impacto de la legislación en ese colectivo  por la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA).

El informe incluyó encuestas a 452 mujeres trans y a 46 hombres trans. De ellos, 6 de cada 10 comenzaron a trabajar o reiniciaron la búsqueda de nuevas oportunidades laborales desde la aprobación de la ley.

El debate sobre el monto

“El monto es una anécdota. Es una excusa que usaron para desacreditar el proyecto”, opinó Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Es que uno de los cuestionamientos al subsidio estuvo relacionado al valor. Distintos medios publicaron que, de aprobarse, los beneficiarios recibirían 7680 pesos. La propuesta inicial contemplaba 2400. Sin embargo, ese monto fue cambiando. Por eso, Rachid admitió que será modificado en el futuro debate.

“Cuando hicimos la propuesta en la Ciudad utilizamos, como forma para establecer el valor del subsidio, una medida que es utilizada en la Ciudad para establecer montos actualizables anualmente. Estas son ´unidades fijas´. Hasta el año pasado la unidad fija era de 2 pesos . Por lo tanto el monto del subsidio propuesto era de 2400. El PRO, para aumentar las multas de la Ciudad llevó la unidad fija a 6,40 pesos lo que triplicó el monto de nuestra propuesta, lo que habría que reajustar en el trabajo de las comisiones”, explicó la legisladora que impulsó la iniciativa.

Y aportó un dato clave: “con el 0,4% del presupuesto que el PRO propone usar en publicidad, pagamos todos los subsidos para personas trans todo el año”.

Iniciativas como esta toman como base acuerdos internacionales como los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad y/o Expresión de Género. Estos principios recomiendan a los Estados, entre otras cuestiones, que adopten “todas las medidas apropiadas a fin de garantizar el desarrollo adecuado de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, según sean necesarias para garantizarles a estos grupos o personas el goce o ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones. Dichas medidas no serán consideradas discriminatoria”.