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Cuatro hombres y tres mujeres murieron hace casi 20 años cuando -el 3 de noviembre de 1995- una explosión en cadena en la Fábrica Militar Río Tercero (FMRT) destrozó los barrios Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino y dejó además un saldo de 300 heridos, más de 6000 personas evacuadas y a la población de Río Tercero terriblemente atemorizada. Los abogados que representan a las hijas de Francisco Hoder, una de las siete víctimas fatales, sostienen que la explosión fue intencional para ocultar el faltante de armas que se habrían traficado ilegalmente a Croacia y Ecuador, durante el gobierno de Carlos Menem. El próximo 13 de agosto, por estos hechos un civil y cinco ex jefes militares llegaran a juicio ante al Tribunal Oral en lo Federal 2 (TOF 2) acusados por el delito de estrago doloso.

Esa mañana a las 8.55, de acuerdo al auto de elevación a juicio, “de manera intencional, programada y organizada” se inició un incendio en la planta de carga de FMRT. Las llamas rápidamente alcanzaron los tambores trotyl (un explosivo) y a los minutos se escucharon dos explosiones, casi simultáneas. La tercera explosión, según los testimonios, se escuchó entre 10 y 12 minutos después. Ocurrió en los depósitos de Expedición y Suministros y, según determinaron los peritos oficiales habría sido independiente de las primeras. El año pasado, en marzo, Memen fue condenado y apeló la sentencia que lo encontró culpable por el contrabando de armas que según los denunciantes se habría intentado ocultar con este atentado; pero por la explosión el ex presidente y el ex jefe del ejército y actual embajador, Martín Balza, fueron sobreseídos. Aunque los querellantes recurrieron la decisión.

Ese día en el barrio Escuela, una de las esquirlas alcanzó a Laura Muñoz, tenía 27 años. Su hermano y su madre la vieron morir. Elena Rivas tenía 52 años vividos y también fue víctima de la explosión. Y entre las mujeres que perdieron la vida también estuvo Romina Torres, una chica de 15 años a la que el siniestro sorprendió en el aula donde cursaba el tercer de la secundaria en el Colegio Nacional. A ellas se sumaron Aldo Aguirre, un joven de 25 que advertido de las explosiones se quedó en la zona para ayudar a otros vecinos de Río Tercero; Mario Solleveld de 32 años, alcanzado por una esquirla cuando salió de su casa a buscar ayuda para sacar a su mujer y a su hija y José Varela, un hombre de 50 años de edad. Y el profesor Francisco Hoder, el único caso en el que sus familiares siguieron la querella penal.

Hoder estaba trabajando en la escuela industrial, a dos cuadras de la fábrica militar. Se quedó para ayudar a evacuar a los alumnos. La onda expansiva de la tercera explosión lo alcanzo en su auto, cuando intentaba alejarse. Tenía 55 años y su corazón no lo soportó. Su esposa, la abogada Ana Gritti, fue el motor de la investigación que ahora sostienen sus hijas, María Eugenia y María Julia Dalmasso Gritti, asistidas por los abogados Horacio Viqueria, Aukha Barbero y Ricardo Monner Sans.

Las pruebas recolectadas durante la instrucción

“El incendio en 2 o 3 minutos de un grupo estimado en 10 tambores no es factible que se haya producido si en el interior de los mismos no hubiese existido un producto químico combustible que estimulara su encendido”, detallaron los peritos químicos que intervinieron en la investigación y afirmaron que las explosiones fueron “organizadas con conocimiento sobre explosivos y el efecto de las detonaciones”.

El caso tiene cinco imputados por estrago doloso agravado. Son todos ex jefes de la empresa Fabricaciones Militares: los militares retirados Jorge Cornejo Torino, Edberto González de la Vega, Diego Gatto y Carlos Franke, más el civil Norberto Emanuel. Oscar Quiroga, también estuvo procesado por estos hechos pero falleció el año pasado. Los responsables jerárquicos, tanto al expresidente Menem como al exjefe del Ejército Martín Balza quedaron desvinculados por falta de mérito, aunque las partes recurrieron esta decisión judicial.

Durante la investigación, González de la Vega, que entonces se desempeñaba como director de coordinación en la Dirección General de Fabricaciones Militares, intentó desligar su responsabilidad aludiendo a la cadena de mandos, pero también confirmó la supuesta intencionalidad de la explosión. “Entiendo que nadie entra a una Planta de Carga con un detonador N° 8 en el bolsillo y un reforzador porque no se dio cuenta. Por lo cual sostengo que fue intencional”, aventuró entonces y con respecto al para qué consideró que “solo para hacer desaparecer pruebas del material existente”. Puntualmente, cuando los investigadores le consultaron si lo que se pretendía ocultar era la venta de armas a Croacia y Ecuador dijo que “esto forma parte de la necesidad de ocultar muchas operaciones que venían de épocas pasadas, con Irán o Ghana”.

Los informes sobre los movimientos (físicos y contables) de material bélico dieron elementos a las partes para abonar la hipótesis sobre el móvil del siniestro ocasionado. El juez federal a cargo de la instrucción Luis Rodolfo MARTÍNEZ solicitó pericias contables al respecto y los peritos arribaron a conclusiones precisas: “las cantidades de materiales informadas desde Fabricaciones Militares como parte de sus existencias, no eran las que realmente existían en la Fábrica Militar Río Tercero al momento de las explosiones”, se lee en el requerimiento de elevación a juicio. En cifras el informe presentado por los peritos contadores oficiales en el año 1999 señaló que la diferencia alcanza a la cantidad de 49.000 proyectiles, entre otros puntos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba integrado por los vocales Carlos Lascano, José Pérez Villalobo y Mario Garzón informó que durante las audiencias se escucharan a más de 40 testigos. Y se incorporaran por lectura otros 89 testimonios y 220 informes técnico que fueron prestados durante la etapa de instrucción. En un juicio que se estima durará entre tres y cuatro meses, después de 20 años la población de Río Tercero verá a los responsables militares de FMRT en el banquillo de los acusados, por un hecho que causó daños irreparables en la población. La abogada Ana Gritti falleció antes de que la Justicia, “por ella, por sus esposo y por las otras víctimas esperemos que durante el juicio se conozca la verdad y se cumpla con el deber de justicia”, dijo a Infojus Noticias  Aukha Barbero, uno de los abogados responsables de la querella.