El máximo tribunal desestimó un mes atrás la posibilidad de investigar las torturas y vejámenes que sufrieron soldados argentinos durante la guerra por parte de sus superiores. “Estuvimos tres años esperando y en tres renglones la Corte cerró la causa”, dijo a Infojus Noticias Mario Volpe, presidente del Centro de ex Combatientes de La Plata. Ahora preparan un reclamo para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 19 de febrero, Mario Volpe estaba en su casa cuando recibió el llamado de su abogado para contarle que la justicia argentina no investigará las torturas, el hambre y los fusilamientos que sufrieron los colimbas durante la Guerra de Malvinas a manos de sus propios jefes. “Estuvimos tres años esperando y en tres renglones la Corte cerró la causa”, dijo a Infojus Noticias Mario Volpe, el presidente del Centro de ex Combatientes de Malvinas de La Plata (Cecim). Aunque el fallo firmado por Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda no trataba la cuestión de fondo, la imposibilidad formal obtura la posibilidad de pedir justicia.
“Fue una tristeza muy grande, sobre todo por la salud psíquica y la esperanza que tenían los que fueron estaqueados”, aseguró Volpe. Ni él ni sus más de cincuenta compañeros del Cecim reivindican la guerra -la consideran un error-, pero sí a la soberanía. “Era un Ejército represivo que estaba preparado bajo la doctrina de la seguridad nacional, no de la soberanía nacional”, sostuvo Ernesto Alonso, que presidió la entidad y ahora es el titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes.
Ahora, el equipo jurídico del trabaja en una presentación para dentro de algunas semanas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Le vamos a pedir que le ordene al Estado argentino que reabra la investigación y se pueda llegar a un juicio oral”, dijo Jerónimo Guerrero Iraola, uno de los abogados del Cecim. “En caso de que se dicte un informe o vaya a la Corte Interamericana, después del caso Carranza la Corte estableció que la recomendaciones de la Corte son vinculantes y de obligatorio cumplimiento para el Estado argentino”, completó.
Estaqueamientos y hambre
Ya había comenzado el bombardeo a Puerto Argentino el día que asesinaron al correntino Rito Portillo. Era de noche. Después de comer una pobre ración de albóndigas, el colimba del Regimiento de Infantería 12 de Mercedes ocupó su puesto de guardia. Germán Navarro, el otro centinela, se demoró atándose los borceguíes cuando sintió el tableteo de una ametralladora. Pensando en un ataque sorpresa del enemigo, salió junto con otros compañeros del cobertizo. Los detuvo una segunda ráfaga. Afuera lo atajaron el cabo primero Lencina y el cabo segundo Gregorio Cabrera, con gritos confusos, ordenándole que no salieran porque había un infiltrado. Pero lo que había era el cuerpo sin vida del correntino.
-Es Portillo, ¿quién fue?- gritó Navarro.
-Fui yo- contestó Cabrera, sin inmutarse.
La acusación de fusilamiento es uno de los 23 casos que contenía la denuncia original que presentaron en marzo de 2007 los ex combatientes de la provincia de Corrientes junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de esa provincia en la justicia federal de Río Grande. Pero también hubo imputaciones gravísimas por estaqueamientos –ataduras, boca arriba, de pies y manos- y hambre. Juan de la Cruz Martins, por ejemplo, volvió con 29 de los 62 kilos con los que había pisado Puerto Howard. En el expediente hay varias denuncias de muerte por inanición. A uno de ellos, del Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres, lo encontraron una mañana muerto en su tienda de campaña. Lo sepultaron ahí mismo, con una lona. Otro caso fatal fue el de Secundino Riquelme: se lo llevaron del barracón agonizando en una camilla. “Prácticamente no se movía –declaró Oscar Núñez, un camarada correntino-. Después nos enteramos que había muerto”.
Otra mañana, tres soldados correntinos empujados por el hambre salieron a carnear una oveja. Cuando los descubrió el entonces subteniente Gustavo Malacalza los golpeó y los hizo estaquear. Los tres colimbas pasaron ocho horas, bajo la lluvia, sin guantes ni calzado. Cuando promediaba aquél castigo, llamaron a Malacalza para pedirle que lo terminara: que los desatara o los fusilara. El militar desenfundó el arma. “Cobarde, hijo de puta, te faltan huevos”, lo desafió Núñez. El subteniente le dio un puntapié en las costillas, le dijo que no valía ni un tiro y se fue. Cuatro horas más tarde, un sargento los desató cuando los músculos habían comenzado a entumecerse.
Muchas de las hambrunas no eran por escasez. Varios relatos hablan de cajas de raciones con chocolate, mermelada o whisky, que se distribuían casi íntegras en Puerto Argentino, y eran administradas por los cuadros superiores.
Marchas y contramarchas
El escrito inicial sostenía que las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Guerra de Malvinas no prescribían porque eran delitos de lesa humanidad. “La implementación de la tortura como método utilizado en las Islas Malvinas por los oficiales y los suboficiales de las Fuerzas Armadas obedecieron a circunstancias políticas enmarcadas en cuestiones ideológicas y montada desde el aparato del Estado”, se argumentó en esa presentación.
A los primeros 23 casos se le fueron sumando testimonios de ex combatientes en todo el país, animados luego del primer impulso a contar lo que habían padecido en las Islas, y se acumularon unos 120. En 2009, los querellantes consiguieron fallos favorables en primera instancia de Río Grande –la jueza Liliana Herráez- y en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que en un fallo dividido rechazó las apelaciones de varios ex militares.
Pero unos meses más tarde, la Sala I de la Cámara de Casación Penal revirtió el criterio: hizo lugar a los argumentos de uno de los imputados y consideró que los delitos habían prescripto. Los querellantes llevaron el caso a la Corte Suprema. Después de tres años, el máximo tribunal cerró la posibilidad de investigar con una cuestión de forma: no podía intervenir porque no había una sentencia definitiva.
Unos días después, en la apertura de las sesiones legislativas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se solidarizó con ellos y les aconsejó ir “a reclamar por las torturas ante la Corte Interamericana, que van a escucharlos”. Después, como un efecto cascada, muchos funcionarios y organizaciones sumaron su apoyo: el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; la titular de Justicia Legítima, Laura Garrigós de Rébori; la Comisión Provincial por la Memoria y la agrupación HIJOS. “Los colimbas fueron la última víctima colectiva de la dictadura cívico militar”, concluyó el abogado Guerrero Iraola.
La clausura de la memoria
La asociación Justicia Legítima criticó el fallo de la Corte Suprema. En una declaración con motivo del nuevo aniversario del inicio del conflicto, la entidad que reúne a jueces y magistrados partidarios de la democratización del Poder Judicial consideró que “el fallo no sólo clausura la esperanza de memoria y verdad que se merecen los ex combatientes y los argentinos todos”, sino que le pone un “candado” al tema tras lo cual “los autores pueden estar tranquilos”. “El Tribunal cerró la vía a cualquier investigación judicial, dado el tiempo que pasó desde que ocurrieron. Justicia Legitima lamenta esa decisión”, sostuvo la asociación civil que preside la camarista de casación criminal Laura Garrigós de Rébori.
“Otro aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas nos encuentra sin que se hayan restañado las heridas provocadas. Evocamos tanto las muertes que nos dejó la guerra, las de quienes no pudieron sobreponerse a tanto horror, como el sufrimiento de quienes padecieron vejámenes inflingidos por sus superiores y no han obtenido aún respuesta del sistema judicial”, sostuvo la entidad. “Al decir que no puede ser tratada por la Corte porque no es sentencia definitiva, la decisión que descarta que estos hechos sean delitos de lesa humanidad, cierra la investigación”, agrega.
Justicia Legitima dio a entender que el tema no está cerrado: “Esta deuda con los ex combatientes genera responsabilidad del Estado argentino ante la comunidad internacional y ante esos tribunales el Estado Nacional deberá invocar los motivos que el fallo no nos dio”, en alusión al sistema interamericano. Y concluye: “Esperamos que el proceso de esclarecimiento no nos lleve otros treinta y tres años y los argentinos podamos exhibir orgullosamente que seguimos sosteniendo nuestra política de derechos humanos”.
LB/RA