La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que las sanciones surgen de 20 sumarios finalizados, de los cuales ocho derivaron en multas firmes. Los pagos ya realizados por los infractores suman 250 mil pesos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó multas por 221,7 millones de pesos durante 2013. Estas sanciones surgieron de los 20 sumarios finalizados, de los cuales 8 derivaron en multas firmes y otros tantos fueron apelados. Según detalló el organismo encargado de lucha antilavado, los pagos ya realizados por los infractores suman 250 mil pesos.
También en materia de sanciones, la UIF dictó el año pasado 7 resoluciones de congelamiento administrativo de bienes, que afectaron a 7 personas jurídicas y a 16 personas físicas. En el anticipo de su balance anual, el organismo precisó que durante 2013 inició 58 inspecciones. De ese total, 16 involucraron a entidades financieras, 11 a escribanos públicos, 8 a empresas aseguradoras, 7 a agentes/sociedades de bolsa y otras 16 a otros sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
La UIF destacó que "se detectaron irregularidades en las operaciones reportadas", en 44,7% de los sumarios que se iniciaron desde 2009. En 31,6% de los casos el sumario se inició por una supervisión realizada por la Unidad, y en otro 23,7% a partir de una irregularidad encontrada por un organismo regulador.
Según el resumen de la UIF, los 43 casos en los que se elevaron las actuaciones preliminares al Ministerio Público Fiscal o al Poder Judicial durante 2013 involucraron 81 reportes de operaciones sospechosas de lavado, un reporte de financiación del terrorismo y 6 informes de otras fuentes.
En cuanto a las actuaciones para impulsar las investigaciones judiciales, el organismo se presentó en 36 causas para ser aceptada como querellante, fue aceptada en 8 y están pendientes de resolución definitiva los restantes pedidos.
Para evitar maniobras delictivas de lavado y financiamiento del terrorismo, la UIF protocolizó el último año cuatro nuevos memorandos de entendimiento con Estados Unidos, Sudáfrica, Bolivia y Serbia, mientras se iniciaron gestiones con Bangladesh, Costa Rica y Angola