"Los bancos son los armadores de los grandes negocios y por allí pasa el 80 por ciento de las operaciones monetarias", explicó el jefe de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, que publicó su resumen estadístico del año 2013.
La Unidad de Información Financiera (UIF) ganó poder de fuego durante el año pasado: generó 58 de los 114 sumarios administrativos realizados desde 2009. En cada una de esas investigaciones se analiza por qué las entidades obligadas no informaron sobre posibles maniobras de lavado de dinero y, según el balance 2013, se aplicaron 8 sanciones que incluyeron multas por casi 222 millones de pesos. Hasta ahora se concretaron pagos por 250 mil pesos, poco más del 10 por ciento.
Además, la UIF precisó que 57 (el 50% del total) de los 114 sumarios fueron aplicados a entidades financieras, 12 casos se iniciaron a escribanos públicos y 12 a entidades dedicadas a los juegos de azar. El resto se distribuye entre empresas aseguradoras, agentes de bolsa, sector fútbol.
"Los bancos son los armadores de los grandes negocios y por allí pasa el 80 por ciento de las operaciones monetarias", sostuvo a Infojus Noticias el jefe de la UIF, José Sbatella, y puso como ejemplo que el banco JP Morgan Chase “pagó sin chistar” los más de 1.700 millones de dólares de multa. El mayor banco de Estados Unidos aceptó la penalidad económica y evitó ir a un juicio penal, que seguramente perdería, por haber ignorado los indicios sobre la estafa orquestada por Bernard Madoff.
"Existe una tendencia natural de los bancos a hacer negocios espurios y por eso pagan sin mayor problema. Y eso no es un problema de la Argentina, es un problema a nivel mundial y allí está el ejemplo de JP Morgan", insistió Sbatella. La entidad sobre la que volvió a martillar tiene otros antecedentes que involucran a varios actores económicos locales: la causa que se abrió con la autodenuncia de Hernán Arbizu, ex directivo del banco.
Según detalló ante la Justicia Federal, la casa Morgan despliega cientos de empleados en la Argentina, también en el resto del mundo, con el objetivo de captar clientes con más de 25 millones de dólares líquidos para ofrecerles buenas tasas de inversión y una asesoría aceitada para eludir el pago de impuestos. Sobre esa base existe una denuncia por estafa y asociación ilícita contra el Grupo Clarín, Banco Patagonia y Consultatio SA. Allí se investiga es si se “manipuló los precios” de las acciones de esas empresas “al momento de realizar la oferta pública en el mercado de valores”.
Lobos de Wall Street
“Hay que ir a ver el Lobo de Wall Street para entender lo que es ese negocio”, disparó Sbatella. La última película de Martin Scorsese recorre las tropelías de Jordan Belfort, tal vez el mayor estafador del mercado bursátil de los noventa. “Nosotros trabajamos para hacer riesgoso ese negocio y por eso se arman UIF en todo el mundo pese a la hipocresía de los países beneficiarios, que dejan entrar el dinero pero no lo dejan salir de ninguna manera”, agregó.
Por otra parte, entre enero de 2012 y septiembre de 2013, el organismo que encabeza Sbatella recibió 223 informes de supervisiones por parte de los distintos organismos reguladores (Banco Central y Comisión Nacional de Valores, entre otros). De este total, 100 fueron enviadas durante 2012 y las 123 restantes en 2013
Durante los primeros nueve meses del año pasado, se terminó el análisis de 70 supervisiones: 33 (47%) de las cuales provinieron del Banco Central, 14 (20%) de la CNV, 3 (4%) de la Superintendencia de Seguros de la Nación y uno (2%) del INAES (cooperativas y mutuales). En los 19 casos restantes (27%) se trató de supervisiones realizadas por la propia UIF y los principales sectores inspeccionados fueron las entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito (6) y el sector fútbol (3).
“De las 70 supervisiones finalizadas, en el 74% (52) se recomendó iniciar un sumario y en un 24% (17) el archivo de las actuaciones. En el caso restante se hicieron recomendaciones a la entidad supervisada”, se indicó en el balance de gestión del organismo.
Además, la UIF envió 1.322 requerimientos a los sujetos obligados (bancos, escribanos, aseguradoras y sociedades de bolsa, entre otras) para su inscripción en el Sistema de Reporte de Operaciones, 451 requerimientos por el cumplimiento de la obligación de presentar Reportes Sistemáticos de Operaciones y 31 requerimientos por otro tipo de obligaciones.
“Apelamos a que todos los actores sepan que corren riesgos cuando hacen operaciones que no pueden explicar y que quedan registradas en los bancos y en las escribanías. Por eso los sujetos obligados de informar deben hacerlo”, insistió Sbatella.
“Clarín y La Nación son autolavadores”
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, sostuvo esta mañana que Clarín y La Nación podrían perder la propiedad de Papel Prensa si se comprueba que existió “un delito de lesa humanidad asociado a la apropiación de bienes”. Esa posibilidad está dada por la nueva ley antilavado de dinero (25.246) que estableció un nuevo bien jurídico a proteger: el orden económico y financiero.
“Desde que tomaron conciencia de esa situación hicieron siete artículos, dos editoriales y cuatro tapas en mi contra. En especial es cada vez que Argentina tiene que salir a defender su posición ante organismos internacionales. La única explicación es que esa familia fue acusada de lavado en el 2003 y fue sobreseída por la inconsistencia de los procesos judiciales y la lentitud con que se opera”, agregó Sbatella durante una entrevista en el programa La Mañana, que se emite por radio Continental.
A fin del año pasado, la UIF denunció ante el juez federal Julián Ercolini a los principales accionistas de Papel Prensa, el Grupo Clarín y La Nación por lavado de dinero proveniente de la apropiación de la fábrica de papel durante la última dictadura. “Son autolavadores. Esto abarca a Clarín y los socios de Clarín”, subrayó.
“Si se comprueba que hubo delito de lesa humanidad asociado a la apropiación de bienes, esta gente, por la acción de la ley de antilavado, pierde la propiedad de sus bienes, de sus bienes acumulados y pueden ir presos de tres a diez años”, agregó.