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En los pasillos del Senado, circula un rumor: el proyecto Argentina Digital, que empezó a discutirse este mediodía en la Comisión de Sistemas y Medios de Comunicación, será el complemento de la Ley de Medios. "Como aquella, salda una deuda pendiente que arrastramos desde el 1972, con la vieja Ley de Comunicaciones. Será no sólo una legislación moderna y aggionarnada para el actual mundo de las telecomunicaciones sino también un instrumento estatal que garantizará el acceso universal y gratuito en todo el país", dijo a Infojus Noticias el senador Aníbal Fernández.

Con la presencia de funcionarios de la Casa Rosada, el debate se desarrolló en el marco de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta. Allì se expusieron las ideas centrales del proyecto, que fue promovido por el Poder Ejecutivo. Entre sus puntos fundamentales, habilita la regulación de tarifas en el mercado de telecomunicaciones y autoriza a las telefónicas a competir con las cableras. La Comisión volverá a reunirse este jueves a partir de las 10.

La dinámica de trabajo consistió en que el grupo que preside Liliana Fellner  (FPV- Jujuy) analizó los aspectos centrales, luego de la  participación del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, del ministro de Planificación, Julio De Vido, y del secretario de Comunicaciones, Norberto Berner. Luego, se dio la discusión entre el oficialismo y la oposición.

En la apertura, Julio De Vido aseguró que la propuesta del Poder Ejecutivo busca “dar la mayor inclusividad posible a los habitantes del pueblo argentino a las tecnologías de información y telecomunicaciones (TICs)”. El funcionario dijo que la iniciativa impulsará “nuevos avances tecnológicos” y “más soberanía y desarrollo industrial”, busca “garantizar el derecho humano a las telecomunicaciones” y reafirmar el “rol del Estado como planificador del área”.

Según De Vido, el proyecto “reivindica el plan de comunicaciones llevado adelante por el presidente Néstor Kirchner a partir de 2003”, por el cual “se lograron resultados notables en accesibilidad, federalismo, desarrollo de la industria nacional, soberanía tecnológica e inclusión social”. A su vez, hizo una referencia exclusiva a la importancia del rol del Estado para que "ese acceso universal se realice a los ancho y largo de la Argentina, que no quede ninguna región excluida, como se hizo con el sector eléctrico”, destacó el ministro y afirmó que la ley vigente sancionada en 1972 “ha cumplido su ciclo” si se considera la modificación de las telecomunicaciones.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró que la nueva ley de telecomunicaciones no sólo "modernizará" el sistema de telecomunicaciones sino que "debe ser vista como un hecho trascendente por el hecho de que busca lograr una plena inclusión social" y "universalizar el servicio en todo el país".

Capitanich explicó que la iniciativa regula el marco jurídico y destacó "la recuperación de la soberanía del país en materia de telecomunicaciones, propiciando -a través de dos empresas del Estado (Invap y Arsat)-, la capacidad para fabricar un sistema satelital autónomo". En este sentido, dijo que el proyecto  busca establecer que las redes sean consideradas "como un servicio público" ya persigue un único objetivo: "que allí donde el sector privado promueve un negocio, el Estado argentino promueva un derecho".

Y luego agregó: "De lo que se trata es de utilizar la plataforma de las redes para cumplir con la prestación para todos. Nadie pierde ni la inversión ni la propiedad correspondiente. Se busca evitar posiciones dominantes que excluyan a otros usuarios de las redes y evitar el abuso en los precios".

El jefe de Gabinete remarcó que se "fortalecerá el espíritu de pluralidad de voces para profundizar la democracia" y "no cierra ni condiciona la libertad de expresión". Por último, defendió que el Estado sea el guardián del pluralismo, y ponderó la importancia de que se declare a las telecomunicaciones "como un servicio público en competencia. Este es el salto cualitativo ya que se reconoce la plataforma existente y las inversiones, pero se garantiza el acceso de todos los usuarios con un carácter social".

Por mejores condiciones de precio y calidad

El proyecto engloba la prestación de los servicios de telecomunicaciones, Internet y televisión por cable, excluyendo explícitamente cualquier regulación de los contenidos.

En su disertación, el secretario de Comunicaciones Norberto Berner aseguró que la Ley Argentina Digital  busca mejorar la “competitividad” en el mercado de telecomunicaciones, hoy dominado por pocas empresas, para inducir mejoras en los “precios” y la “calidad” de los servicios.

Berner señaló que existen 1.350 licencias de telecomunicaciones en el país ero que sólo “cuatro o cinco empresas llevan el servicio a nuestras casas”. Según dijo, el resto “no tiene acceso a las redes, tiene que construir una red a un precio exorbitante” lo que “no hace más que engrosar el costo final al usuario”.

En este sentido, el funcionario sostuvo que “el objetivo primordial” del proyecto “es que estos 1.350 licenciatarios puedan acceder en mejores condiciones a precio y calidad”. “Un reclamo que tenemos es que los precios por conectarse a las redes de las (empresas) más grandes son exorbitantes. Es algo que vienen reclamando las pymes y cooperativas”, explicó.

Por otra parte, Berner negó que el proyecto modifique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios), y aclaró que solo exceptúa a las telefónicas de la prohibición de prestar servicios audiovisuales, tal cual lo establece la norma de 2009.

¿Qué se discute?

El proyecto de Ley Argentina Digital declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), lo que habilita la regulación de tarifas en el mercado mayorista. Otro punto clave  es la autorización para que las telefónicas brinden servicio de televisión, lo que les sumará competencia a las cableras.

El objetivo de ambas medidas es "incrementar la competencia para tratar de que eso derive en mejores precios para los clientes minoristas.A su vez, la norma introduce cambios en el régimen del servicio universal, elimina la larga distancia nacional y prevé velocidades mínimas de transmisión que deberá fijar la autoridad de aplicación".

La iniciativa, además, delega en la autoridad de aplicación la definición de varios puntos clave, pero no explicita cuál será el organismo a cargo, pues sólo aclara que el Poder Ejecutivo va a ser el encargado de designarlo. Actualmente es la Secretaría de Comunicaciones la responsable de regular al sector.

"El Estado como regulador máximo"

A su turno, la senadora Fellner adelantó que durante las tres semanas de debate quiere “escuchar a las cooperativas y a las pymes del interior del país” porque, “más allá de que esta ley está vinculada al usuario y a su derecho a obtener una comunicación y un servicio universal, uno de los beneficiarios en los que hay que poner mayor énfasis es en las cooperativas y las pymes”. Fellner denunció que “cuando las cooperativas pretenden subirse a la fibra de las grandes empresas, no pueden hacerlo”, y que “ahí va a estar el rol del Estado como regulador máximo”.

La oposición adelantó que no apoyará la iniciativa. Uno de sus portavoces, el radical Gerardo Morales (Jujuy), aseguró que el proyecto es "una concesión a las empresas telefónicas". El titular del bloque radical lanzó una dura acusación. "Cuando vimos los artículos, lo primero que dijimos fue ´el Gobierno arregló con las telefónicas. No nos parece que del proyecto quede claro que se defienda a las Pymes”, dijo y agregó: “Acá las telefónicas ganan como los bancos. Las telefónicas se van a comer a los cables y a las Pymes del interior, dijo.

Como respuesta, el jefe de los senadores kirchneristas, Miguel Pichetto, pidió defender a las cableras que invirtieron a diferencia de las telefónicas que no lo hicieron. “Morales no puede hacer semejante acusación. Acá todos sabemos que lo que no invirtió Telefónica, lo invirtió el país”, contestó. Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) propuso que se declare como servicio público a la telefonía celular porque "las grandes telefónicas son monopolios a las que se les permitió concentrar un poder inmenso" . Ante estas observaciones, Berner aseguró que el proyecto es “mejorable” pero “superador" porque modifica una ley de 1972. “No podemos seguir teniendo parches, una ley que atrasa”, dijo y fustigó al radicalismo: “generan un relato para que sea una cuestión dialéctica entre la oposición que plantean ustedes y lo que planteamos nosotros. Y ahí así no podemos pensar en las necesidades del pueblo”, dijo.

La intención del oficialismo es que el Senado apruebe la iniciativa el 26 de noviembre y que el tema llegue a Diputados para ser convertido en ley antes de fin de año. Para ello, se preve que el período ordinario de sesiones se extienda unas semanas más de lo que está establecido en el año parlamentario.