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Un grupo de grandes corporaciones económicas del país contrató a un cuestionado estudio de abogados para frenar en la Justicia el paquete de leyes en favor de los consumidores aprobado la semana pasada en el Congreso de la Nación. Es el estudio Cassagne & Asociados, cuyos miembros están asociados a privatizaciones y tuvieron vínculos con jueces de la dictadura. 

El secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA) y diputado nacional por el Frente Renovador, José Ignacio De Mendiguren, admitió que los empresarios se pusieron a trabajar "en forma inmediata en la preparación judicial para el caso de que no se pueda modificar la norma, porque claramente atenta contra la división de poderes", publicó hoy el diario Tiempo Argentino.

De Mendiguren reconoció públicamente la intención de "trabajar con el Estudio Cassagne y Asociados para preparar la eventual presentación judicial". El Estudio tiene un largo historial en defensa de las corporaciones iniciado a principios de los años 60. Y en los últimos meses intentó, sin éxito, que los proyectos no fueran aprobados en el Parlamento, pero tras su fracaso ahora apuntan a lo que ellos denominan como "la batalla judicial".

El estudio fue contratado por las corporaciones nucleadas en el Foro de Convergencia Empresarial y está encabezado por Máximo Fonrouge, quien preside simultáneamente el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Fonrouge participó en las sesiones del Senado donde se debatieron las leyes en defensa de los consumidores, en favor de los grupos concentrados.

Historiales complejos

A Fonrouge se lo conoce como el organizador de un homenaje al juez Jorge Quiroga, quien integró la Cámara Federal en lo Penal desde 1971 hasta un día después de la asunción del ex presidente Héctor J. Cámpora. Este juzgado fue conocido como "la cámara del terror" y Quiroga fue cuestionado por haber colaborado en la masacre de Trelew en 1972 y haber sobreseído a los marines que ejecutaron sin juicio a los detenidos.

Juan Carlos Cassagne trabajó como abogado en el Estado a comienzos de los 70 y llegó a ser subsecretario de Minería. Los últimos cargos le fueron asignados en el período 1973 a 1976, puestos desde los que se encargó de definir la concesión de los subsidios que obtenían las empresas.

Según publicó Tiempo Argentino, el 23 de septiembre de 1976, ya en el gobierno de facto, Cassagne otorgó subsidios a la empresa Papel de Tucumán, de la familia Bulgheroni, mediante el decreto 2.410, para al día siguiente renunciar y trabajar para esta firma litigando contra el Estado.

En los 80, Cassagne continuó enjuiciando al Estado a favor de las empresas hasta que a principios de los 90, el entonces ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, lo llamó para que fuera director de Asuntos Jurídicos del ministerio.

Dromi, Cassagne y el secretario de Obras Públicas, Rodolfo Barra, fueron los autores del diseño del sistema de privatizaciones de los servicios públicos, que concluyó con la entrega de YPF, Obras Sanitarias y otros servicios públicos.