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En la causa que investiga el asesinato de un vecino de Mataderos en 2011, en la que están acusados tres barrabravas de boca, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 24 de la Capital Federal concedió la suspensión del juicio a prueba otros dos imputados por encubrimiento. Se trata de Claudia Cecilia Pacheco y a Maximiliano Levy,  quienes estaban procesados junto con el futbolista Pablo Migliori, que ya fue beneficiado con la misma medida.

Para hacer lugar al pedido de suspensión del juicio, los jueces Raúl Llanos, María Cecilia Maiza y Marcelo Álvero valoraron que ambos acusados no tenían antecedentes y que ante una eventual condena “aquéllas podrían ser de ejecución condicional”, explicaron en  la resolución firmada el 27 de agosto pasado.  Por su parte, el fiscal Jorge López Lecube también estuvo de acuerdo con la medida.  El juicio contra los barras Mauro Martín, Maximiliano Mazzaro y Gustavo Petrinelli  será a fines de septiembre. 

A Levy, íntimo amigo del número dos de la barra brava de Boca Maximiliano Mazzaro, los jueces le impusieron fijar domicilio, someterse al patronato de liberados y donar dos mil pesos a Cáritas Argentina. No realizará tareas comunitarias pero deberá donar mensualmente 20 kilos de leche en polvo a la sede de Cáritas de San Justo. Entre los elementos que se encontraron en la causa para procesar a Levy por encubrimiento agravado, encontraron un pasaporte y un carnet de Boca de Mazzaro y ropa de él mientras estaba prófugo.

Pacheco, que estaba acusada de encubrimiento simple, además tendrá que presentarse cada vez que se lo solicite el tribunal. Deberá donar 500 pesos a Cáritas y realizará tareas comunitarias por un total de noventa y seis horas en esa ONG. A partir de hoy, Levy y Pacheco tiene diez días para  realizar el depósito de la donación.

Está condenado en una causa por la habilitación de un prostíbulo, y en otra lo investigan. Después de siete años de mandato, David “Sapito” Bravo, intendente de Colonia 25 de Mayo en La Pampa, decidió impulsar la creación de un área de la mujer en el ámbito de la municipalidad. “Es absurdo todo. Yo estoy evaluando el juicio político por las dos causas de trata que tiene y él aparece ahora con esto”, dijo a Infojus Noticias el concejal opositor del partido justicialista Ricardo Poyo.

Sapito Bravo, jefe comunal de ese pueblo al oeste de La Pampa en el límite con Rio Negro y Neuquén, es uno de los cuatro jefes comunales pampeanos que la Justicia Federal investiga en legajos de trata sexual. El hombre de trayectoria corta pero intensa, es el más comprometido. El año pasado lo condenaron a siete meses de prisión en suspenso e inhabilitación por 14 meses por abuso de autoridad. Fue por habilitar de manera irregular el prostíbulo rutero “El rancho”. El lugar estaba habilitado bajo normativas municipales vigentes en ese entonces pero no cumplía con un requisito: funcionaba a pocos metros de una iglesia. Sus abogados apelaron al veredicto condenatorio, pero el mes pasado, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) confirmó la condena. Ahora, deberá decidir la Corte Suprema.

La segunda causa que mantiene a Sapito en los expedientes es la del burdel “Venus”, habilitado en enero de 2011, cuatro meses después de que el Concejo Deliberante de su ciudad votara la ordenanza para prohibir “whiskerías” y clubes nocturnos. El caso explotó cuando una dominicana logró escapar del lugar. Un año después, reabrió bajo otro nombre, a cargo de la misma dueña sospechada de proxeneta, y el intendente volvió a firmar su apertura. Por esta causa, la jueza federal subrogante de Santa Rosa lo citó hace dos semanas. Declarará entre este mes y el próximo junto a otras 11 personas investigadas en el expediente.

Ahora, a través de la concejal Graciela Liliana Retamales, la única representante de los ocho que tiene el Concejo Deliberante local, Bravo presentó dos iniciativas vinculadas a la temática. En una promueve la creación de la Coordinación de la mujer, dentro de la Secretaría de Acción Social. Y en la otra, pidió a los concejales veinticiqueños que se adhieran a la ley nacional 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

"Es necesario aplicar políticas e implementar planes y programas, relativos a la finalidad de creación del Consejo Provincial de la Mujer. Que para ello debemos promover y participar en la celebración y ejecución de instrumentos de carácter inter jurisdiccional que la provincia de La Pampa suscriba o adhiera, cuando se refieran a su materia de competencia", dice el escrito que presentó la edil.

Sapito intenta limpiar su nombre vinculado a la explotación sexual de mujeres. Por estas dos causas su fama trascendió más allá de los límites del pueblo de casi 8.000 habitantes. Su mandato termina en el 2015 y el jefe comunal de 25 de Mayo no descarta postularse a un cargo como legislador nacional.

Cuando Sapito llegó al poder, había tres prostíbulos a  la vista de todos. El ingreso a la industria del petrolero cambió el ritmo cansino de Colonia 25 de Mayo y significó gran cantidad de mano de obra masculina. "Vino el petróleo y con él las chicas", explicó Poyo. Hoy solo quedan las ruinas de esos lugares. “El Rancho”, en el paraje El Sauzal, mutó en casas para alquiler, pero nadie se anima a ir a vivir ahí.

El hecho

La noche del 29 de agosto de 2011, Ernesto Cirino paseaba con su perro en el barrio de Mataderos, por la intersección de las calles Pieres y Caaguazú. El  perro orinó en la vereda de la casa de Petrinelli. Ambos comenzaron a discutir, y en un momento Petrielli  llamó por teléfono a su cuñado, el barra  Mauro Martín.

A los pocos minutos, Martín, Mazzaro y Wehbe llegaron a bordo de un Volswagen Bora. “¿Para esto me hiciste venir?”, le recriminó Martín a su cuñado. Después, golpearon a Cirino. “Me cagaron a palos, me rompieron todo”, alcanzó a decir cuando lo encontró un agente policía. Estaba solo y tirado en el suelo.  Dos días después murió.

El juicio

El próximo 29 de septiembre el tribunal comenzará el juicio oral por el crimen de Cirino contra Martín, Petrinelli y Mazzaro por el crimen de Cirino. Además de Migliore, Levy y Pacheco,hace un año, se le concedió la probation al barra Agustín Rey, que donó mil pesos a Caritas y tareas comunitarias en la Iglesia Santa Rosa de Lima.