Infojus Noticias

Aunque parezca extraño, el fallo de la Corte Suprema estadounidense que ordena a la Argentina pagar a los fondos buitre también puso de buen humor a algunos ciudadanos argentinos, que festejaron el rechazo del máximo tribunal norteamericano a la apelación del gobierno sobre la decisión del juez Thomas Griesa.

El denominado “grupo Varela” está formado por 13 litigantes que acompañaron la demanda de los fondos del NML Capital, Aurelius, ACP Partner, Blue Angel y Olifant Fund para cobrar 1333 millones de dólares en bonos en default emitidos por la Argentina. El mote del grupo responde, acaso, a una formalidad: el de Pablo Alberto Varela era el primer apellido que surgía de la presentación colectiva que hicieron en la causa. El abogado que los representa es el estadounidense Michael Spencer, que le confirmó al diario Clarín, sus clientes reclaman -entre todos- “un millón de dólares”.

Infojus Noticias quiso comunicarse con Spencer a su estudio en Nueva York, pero no tuvo una respuesta. El 7 de mayo, Spencer firmó una presentación colectiva en la que sus 13 clientes daban respaldo al reclamo de los fondos buitre. En el documento, el abogado se pliega a los argumentos del principal demandante, NML Capital. “Argentina ha tenido históricamente dificultades para estar al día con sus obligaciones financieras. Puede hablarse de una diplomacia del default ya que hubo al menos cinco defaults reales o amenazas de defaults”, se lee.

La presentación intenta diferenciar a los a los bonistas argentinos de los capitales extranjeros definiéndolos como “ciudadanos argentinos individuales que adquirieron relativamente poca cantidades de bonos soberanos”. Se trata, según el escrito, de “inversores de clase media” y las pequeñas cantidades son “entre 25.000 y 90.000 dólares para su jubilación y ahorros”. También aclara que los bonos fueron comprados entre 1998 y 2001, lo que probaría que no se trata de fondos buitre, sino de inversores de buena fe.

El documento argumenta que “Argentina no presentó evidencia alguna” para demostrar que no puede afrontar la deuda: “Es un país del G-20 con miles de millones de dólares de reservas, muchos otros activos, y la voluntad política de expropiar propiedades para su propio beneficio, ya sea una compañía petrolera o un fondo de pensiones”.

Al final del escrito, Spencer glosa la jurisprudencia de la que se nutrió para construirlo. En un apartado, el abogado señala “otras fuentes”, entre las que se cuenta una nota del periodista Marcelo Bonelli en el diario Clarín del 18 de octubre de 2013.

“No sé quién nos representa”

De esos 13 litigantes se sabe poco: viven en distintas ciudades del país, muchos de ellos son jubilados, tienen más de 80 años, y algunos han muerto. La lista completa aparece en el escrito: Pablo Alberto Varela, Lila Inés Burgueño, Mirta Susana Diéguez, María Evangelina Carballo, Leandro Daniel Pomilio, Susana Aquerreta, María Elena Corral, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, Cesar Rubén Vázquez, Norma Haydee Ginés, y Marta Azucena.

Las hermanas Carmen y Norma Lavorato tienen 83 y 88 años, respectivamente, y Susana Aquerreta, 90. En octubre de 2012, cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmó la orden del juez Griesa de que la Argentina debía pagar, Norma Lavorato había dicho al diario La Nación no tener “muchas expectativas de cobrar porque soy muy grande” aunque había considerado al fallo “una decisión muy importante”.

Dos de ellos fueron consultados por Infojus Noticias y no quisieron dar detalles sobre la forma en que se agruparon y quiénes son sus abogados en el país. “Eso me lo reservo para mí”, dijo Carmen Lavorato, la más joven de las hermanas. Dijo además no conocer personalmente a Spencer, aunque explicó que el grupo “nos hemos reunido con él”. Norma, su hermana, está enferma. Las dos viven en Barracas.

Susana Aquerreta tiene 91 años y vive en Recoleta. Le dijo a Infojus Noticias que el tema la afectaba mucho. “Mi nombre está en el fallo, pero no sé quién nos representa. Hay gente que está llevando esto y lo está llevando bien. Es gente más joven que yo”, aseguró.

“Estoy muy contento con el fallo de EE.UU.”

El grupo Varela no es el único favorecido con la decisión de la justicia norteamericana. Hay otro grupo de unos 50 bonistas argentinos que encabeza Horacio Vázquez, un ingeniero electrónico de más de 40 años que preside la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd). En 2003, cuando el país aún atravesaba un periodo de profunda depresión económica, compraron bonos de la deuda pública argentina.

“Me dedico a mi familia”, dijo Vázquez en comunicación telefónica con Infojus Noticias. Dijo estar desocupado: “Es difícil conseguir trabajo”. Ahora, el fallo de Griesa sentaría una jurisprudencia que le permitiría a él y los miembros Adapd pedir ser incluidos en la resolución judicial.

-Somos pequeños y medianos ahorristas. Somos profesionales que trabajamos en relación de dependencia. Yo me quedé sin trabajo. Soy ingeniero, y nunca más conseguí trabajo de ingeniero.

-¿Por qué no arreglaron en 2005 y 2010?

-¿Por qué voy a aceptar una quita del 65 por ciento? Todos los bancos recibieron el 100 por ciento. Todo el default se generó por las cuasimonedas y las deudas de las provincias. Hubo empresas a las que les licuaron la deuda.

-¿Ustedes tienen relación con bonistas internacionales?

-Tenemos relación con los bonistas italianos. Con ellos y con American Task Force Argentina. Nos hemos reunido con ellos varias veces.

No es la primera vez que Vázquez participa activamente contra las políticas en las que el Estado Nacional toma las riendas: cuando el gobierno nacionalizó en 2008 las AFJP, integró la agrupación  “Argentinos autoconvocados contra la confiscación”, que tenía como leitmotiv la consigna “vienen por todo, también por vos”. Vázquez dijo estar “muy contento con el fallo de Estados Unidos. Nos demuestra que hay justica. Que allá hay República”.

Con este panorama jurídico, a los bonistas que no participaron de la demanda sobre la que falló Griesa sólo les restaría presentarse en el juzgado del juez neoyorquino y hacer un trámite administrativo para reclamar su parte, según explicó a Infojus Noticias el periodista Carlos Burgueño. “Son alrededor de 6.000 millones de dólares más”, detalló el autor del libro Los buitres.Historia oculta de la mayor operación financiera contra la Argentina.