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Los Centros de Acceso a la Justicia, una iniciativa del ministerio de Justicia de la Nación, buscan potenciar la presencia del Estado en aquellos barrios en los que las necesidades y demandas de los sectores vulnerables son más fuertes, y en la primera parte de este año llegaron a atender 143.125 consultas.

En sus oficinas se pueden hacer trámites, consultas por asesoramiento judicial o psicosocial, mediaciones, trámites migratorios y derivaciones y mientras en 2010 esas consultas eran 48.399, en 2011 pasaron a 71.453, en 2012 ese número ascendió a 142.896 y en 2013 llegaron a 284.673.

Para el secretario de Justicia de la Nación, Julián Alvarez, "los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) son un puente a los derechos sociales consagrados en esta última década".

"En la década del noventa nuestra cartera de Justicia se abocaba sólo a la designación o remoción de jueces, o a la sanción de una ley, y ahora sale a la calle para acercar a los barrios humildes todas las políticas de inclusión social que promueve el Estado nacional y trabajar por el acceso a la Justicia social", expresó Alvarez en diálogo con Télam.

Por otra parte, las agencias de ese programa han crecido en los últimos años: desde los inicios (en 2009) hasta el 2012 ha habido 30 agencias nuevas, mientras que en los últimos tiempos ese número ascendió y hoy ya suman 53 las oficinas de los CAJ en todo el país.

En los Centros trabajan equipos interdisciplinarios compuestos por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios.

Florencia Carignano, a cargo de la subsecretaría de Acceso a la Justicia explicó que cuando comenzaron a funcionar, "el objetivo de los CAJ fue que sean instrumentos para sectores vulnerables que no pueden pagar desde su tratamiento psicológico o un asesoramiento jurídico".

"Hoy podemos decir que estamos cumpliendo ese objetivo y que también hemos federalizado los CAJ porque se han expandido y están en diferentes puntos del país", aseguró Carignano.

A su vez, la funcionaria resaltó que "se han sumado posibilidades y servicios, como el haber incluido consulados móviles para que ciudadanos de países limítrofes puedan hacer trámites en el barrio: desde tener su DNI, actualizar su pasaporte, y poder proteger así sus derechos y que los puedan ejercer de forma permanente".

Con respecto a las consultas y trámites, según el informe realizado por la cartera de Justicia, se puede asegurar que la mayor cantidad se registra en la Ciudad de Buenos Aires, que ocupan un 57 por ciento del porcentaje nacional, seguido por el Gran Buenos Aires.

Al hacer un balance del programa, que comenzó en 2009 en barrios de Capital Federal y en 2010 pasó a funcionar en otras provincias, Alvarez expresó que "desde que asumimos trabajamos para promover y materializar el acceso a la justicia de los sectores más desprotegidos, y de ese modo, seguir reconstruyendo el tejido social, y aportar al desarrollo económico con inclusión social".