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"Que un juez confunda una ley que no le agrada con una ley inconstitucional es grave porque provoca la inaplicabilidad de la ley", dijo el juez de la Cámara de Acusación de Córdoba,  Gabriel Pérez Barberá. Sus palabras sonaron fuerte en la Carpa 3 del congreso, dedicada a debatir "Cautelares y defensa del Estado". El panel fue moderado por Mariana Aballay, abogada y directora nacional de los Registros de Propiedad Automotor.

La sala estaba colmada, con gente sentada en el piso y parada en cada espacio libre. Se mezclaban jóvenes militantes con académicos y abogados vestidos de traje. Peréz Barberá, corrido por el tiempo, terminó resumiendo su posición:

"Hasta hoy,  una ley dictada por un parlamento era declarada inaplicable por un juez en cualquier lugar del país. Esto no es razonable. Más allá de que los jueces declamen que el derecho a declarar inconstitucional una ley, se utiliza solo en última instancia. Los jueces han naturalizado declarar inconstitucional cualquier ley. Este abuso solo puede ser acotado por los legisladores". El aplauso cerrado sirvió como telón.

Luis Cigogna aclaró que se había modificado por sugerencias del CELS y eso, dijo, desmiente los dichos de ciertos sectores de la oposición: "nos tienen hartos con eso de que el Congreso es una escribanía. Lo dice la misma gente que no se sienta a discutir en las comisiones del Congreso y prefieren debatir en la televisión".

Gustavo Ferreyra, tercer expositor, profesor titular de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires empezó recordando que Juan Bautista Alberdi cuando escribió con pluma de ganso el proyecto constitucional, se estaba copiando la constitución norteamericana. "Pero ellos lo debatieron acaloradamente y nosotros no. Nuestra Constitución fue una Constitución sin pueblo. Prácticamente sin discusión pasaron reforma tras reforma. Tenemos un modelo que lleva 160 años sin ser discutido".

El aplauso a Ferreya se fue callando bajo la voz de la moderadora que presentó a Paula Litvachky del CELS. La abogada contó que el organismo participó de reuniones en el senado para poder sugerir algunas reformas, logrando que las cautelares pudieran extenderse cuando se trate del derecho a la vida digna, ambiental, alimentario o de salud. Indicó que tanto las cautelares que benefician al grupo Clarín como al grupo La Nación son una muestra del uso abusivo de las cautelares.

-"Un mensaje a los jueces"

El segundo panel sobre cautelares y defensa del Estado empezó mientras muchos terminaban de almorzar, pero dentro de la carpa hubo casi 450 personas. Se destacó una gran concurrencia de jóvenes y militantes sociales, con remeras con el lema “Yo no me olvido”, en referencia a los crímenes de la dictadura militar, y muchas otras con la cara de Néstor Kirchner. Se habló de la defensa del Estado y el interés público.

El perfil más técnico lo dieron Gonzalo Viña, fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, y Rodrigo Cuesta, director de asuntos jurídicos de YPF. Viña señaló que el límite de 6 meses que prevé la ley es un mensaje a los jueces para que se hagan cargo y lleven a término sus causas. Por su parte, Cuesta, de YPF, hizo hincapié en lograr la tutela efectiva de los derechos y repasó los principales puntos de la ley de cautelares. Ambos expositores resaltaron la necesidad de contar con un código contencioso administrativo.

Alicia Ruiz, jueza del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, consideró que “ninguna ley puede por sí sola proteger aquello que intenta proteger.” En referencia a la nueva ley de cautelares, resaltó que muchas veces la parte más débil es el Estado, y en ese sentido las la nueva ley lo protege para poder cumplir con su deber de garante de derechos.

“Queremos una justicia que esté más cerca del pueblo y más lejos del poder”, empezó Leo Grosso, que recibió un fuerte aplauso desde la esquina donde se concentraban los militantes de su agrupación. “Yo sé poco de leyes, creí que no sabía nada de justicia, pero aprendimos muchísimo de injusticia militando”, y recordó la vieja consigna de la agrupación H.I.J.O.S. “si no hay justicia hay escrache”, preguntándose si eso no era sinónimo de una justicia en crisis.

Por último, la diputada Diana Conti hizo hincapié en la defensa del interés público: “Bienvenido el título de este panel, que es ‘cautelares y defensa del estado’, porque es la defensa del Estado la defensa a ultranza del pueblo”, concluyó.