Infojus Noticias

Desde ayer se realiza el Segundo Seminario Internacional de “Diálogo Nueva Justicia”, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Hoy finalizará con la participación del Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, acompañado de Javier Mariezcurrena -funcionario del Ministerio de Defensa- en el panel de cierre, dedicado “las audiencias como forma de legitimación social en casos de interés público”.  Durante la mañana, el salón Gaudi del NH Hotel no estuvo tan colmado como ayer. De las cerca de doscientas personas que asistieron a la primera de las dos jornadas del Seminario. El primer panel estuvo a  cargo del abogado alemán Norbert Lösing.

Los jueces pagan impuestos... en Alemania

Norbert Lösing dijo estar “fascinado e impresionado” por las experiencias que habían sido relatadas ayer. En un castellano muy nutrido y hablando con facilidad, el alemán se mostró preocupado por el volumen de causas que debe resolver cada juzgado civil en el término de un año -que oscilan las tres mil-. Con acento casi español, y marcando las zetas, criticó la mediación como una alternativa en la cual alguna de las partes siempre renuncia a parte de sus derechos.

Antes de terminar, se refirió al “milagro alemán”, que no es el de la recuperación económica de posguerra, sino  que “es un milagro que en Alemania la justicia funcione”, porque tanto la selección de los postulantes a juez y los ascensos, como el manejo del presupuesto, están en manos del Poder Ejecutivo. “En nuestra Constitución dice que 'confiamos' el Poder Judicial a los jueces, y es así. Confiamos en nuestros jueces, pero a diferencia de lo que pasa aquí en Argentina, sí les exigimos que paguen impuestos”, cerró Lösing, lapidario.

No extender los procesos judiciales

El juez de primera instancia Gustavo Caramelo Díaz moderó la primera mesa, y pidió que al exponer no existiera más moderación que la del límite de tiempo. En su disertación habló de la formación de los magistrados, y señaló que “los jueces civiles son jueces de calidad de vida de las personas”, lo que despertó gran simpatía entre los concurrentes de los distintos países de América Latina. “Los jueces”, señaló, “deben dejar de comportarse como señores feudales”. Y agregó que es necesario que se prevea su capacitación constante fuera de los ámbitos de las corporaciones que suelen acercarse a ofrecerla.

Los magistrados, argumentó Caramelo Díaz, “duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. No pueden quedarse con la formación que tenían al tiempo de la foto de la jura. A diferencia de los abogados, que si no saben de algo pueden derivar el caso, están obligados a entender en muchas cuestiones novedosas, para lo que es necesario proporcionarles apoyo de capacitación e información fuera de los intereses en juego”.

La camarista penal Ángela Ledesma sostuvo que casi todo había sido dicho ayer, pero retomó las críticas a la modalidad oral de los juicios. Consideró que esas objeciones derivan de “mitos”, y se encargó de explicar por qué no eran obstáculos reales.

Ledesma explicó que no existe problema económico porque los recursos que insume un sistema de registro audiovisual para grabar las audiencias se amortiza fácilmente si se compara con el presupuesto que insume todo el papel que se utiliza en los juzgados. De la misma forma planteó que podría disminuir mucho el número de operadores judiciales en caso de que los jueces mismos presenciaran y condujeran las audiencias. “Para agilizar los procesos, se suelen acotar los plazos para las etapas de prueba y otros momentos del juicio, pero nunca se abrevia el plazo que tiene el juez para fallar. Los jueces tienen que sentenciar lo antes posible y no dilatar los procesos”, apuntó.

El académico chileno Erick Ríos disertó sobre puntos concretos que deben tenerse en cuenta al momento de llevar a cabo la oralidad de los procesos, y así desterrar la idea del expediente y las actas. Se situó en los problemas que no fueron contemplados en experiencias que ya han sido llevadas a cabo para distintos procesos particulares en América Latina. Se refirió por ejemplo a que suele haber dificultades para cumplir con éxito la preparación del juicio, dado que “cada parte plantea que determinada cuetión es controversial, y no siempre coinciden, por lo que el juez se puede encontrar tratando de resolver esa ambivalencia en plena audiencia”.

“Los jueces antes de tener poderes, tienen deberes”

Después del almuerzo llegó el turno de las reformas procesales. La exposición a cinco referentes latinoamericanos hablaron de experiencias puntuales. Mario Kaminker, profesor de Derecho Procesal, ejemplificó: “A la pregunta ‘¿cuántos jueces hacen falta para realizar una reforma?’, se puede responder: ‘cuántos albañiles hacen falta para construir una obra’. Depende del tiempo que se quiera tardar, y del tipo de obra que se quiere construir”.

El secretario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Ramiro Bejarano, expuso acerca de la reforma en Colombia. Y puntualizó “tres cuestiones a resolver para agilizar la Justicia: implantación de un proceso oral efectivo, no delegar cuestiones judiciales en ámbitos administrativos, y modernizar el proceso de trámites”.

Por su parte, Felipe Marín, profesor de la Universidad Diego Portales (UDP), disertó sobre la experiencia de las reformas laborales y de familia en Chile. Allí, dijo, “la palabra expediente está en desuso: se habla de audiencias, y aunque hay un sistema de registro escrito del proceso, está lejos la cultura de expediente”.

“El hombre de ciencia vuelve complejo lo simple y consecuentemente inaccesible, eso es lo que queremos evitar para la justicia”, dijo el guatemalteco Erick Juárez. Y agregó que “los jueces antes de tener poderes tienen deberes. Entre esos deberes está el de garantizar que el proceso marche rápido y no se desvíe”. Entre los aspectos problemáticos en su país, Juárez nombró la falta de salas de audiencias y la tardanza en los trámites legales. “No hay soluciones mágicas, pero si medidas que se pueden compartir”, dijo.

Por último Rafael Mery, académico de la UDP, expuso los pros y contras de implementar tasas judiciales en la justicia civil. Planteó que la “justicia gratuita lleva a excesos de litigación, que derivan en la congestión y dilación de los procesos”. Y concluyó que eso “genera la exclusión de los más pobres, ya que la mayoría de las demandas que se presenta en la justicia civil comparada tienen que ver con empresas que pudieran pagar parte del procedimiento que demandan”.