Infojus Noticias

Entre citas a las leyes nacionales e internacionales, un documento firmado por varios organismos recuerda que el Estado debe reconocer la importante función que desempeñan los medios de comunicación y, entonces, velar porque los niños y niñas tengan acceso a información pertinente. También a cuidarlos de la exposición mediática: “no nombrar a ninguna niña, niño o adolescente de una manera diferenciada del resto, es decir discriminatoria, por padecimientos familiares o sociales, por ser víctima de delitos o por estar acusada/o de romper con la ley” dicen, invocando la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Uno de los organismos que trabajó sobre el material es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). María José Ravalli, integrante del organismo explicó a Infojus Noticias que “en el análisis del último año puede verse que hay muchas falencias sobre el tratamiento de los medios en casos de violencia contra los chicos. En primer lugar la plena identificación en casos innecesarios, donde se genera un estigma para toda la vida como en situaciones de abuso sexual o maltrato. También preocupa cómo se abordan los casos de muerte”.

Hay tres leyes nacionales que pautan la relación entre infancia y medios: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley Nacional de Educación y La Ley de Protección Integral de los derechos del Niño. Todas coinciden en el derecho a ser escuchados y en la protección de su imagen asociada a realidades estigmatizantes.  

Por ejemplo, el artículo 68 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que se debe “preservar la identidad de chicos, chicas y adolescentes involucrados en conflictos penales o sociales. Esto incluye no dar referencias sobre su escuela o su casa que permitan identificarla/o indirectamente” y en su artículo 149 establece la facultad de la autoridad de aplicación de otorgar servicios de FM a establecimientos del sistema educativo estatal.

El documento reconoce que son las niñas “quienes más vulnerados tienen sus derechos” resalta que es importante tomar una perspectiva que tenga cuenta de las “graves disparidades de género” que existen en nuestra sociedad.

Hace 15 días, a propósito del crimen de Ángeles Rawson la Defensoría del Público, a cargo de Cynthia Ottaviano, publicó un comunicado que advertía a los medios sobre la necesidad de un tratamiento responsable de las noticias vinculadas al homicidio, evitando la “truculencia y la sordidez que puedan implicar la violación de derechos consagrados por las normas nacionales e internacionales en relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Ravalli afirma que “son necesarias distintas acciones para revertir estas falencias. Por un lado el rol del Estado para hacer cumplir la Ley y sancionar a los infractores. Después el diálogo entre comunicadores para construir un código de autorregulación y consenso. Finalmente es necesario incentivar la demanda de la sociedad para establecer un límite del qué tipo de contenidos se ponen a circular”.

Como elementos a tener en cuenta por los comunicadores se dice que es importante “no reforzar el estereotipo de una supuesta “adolescencia criminal”: la afirmación periodística frecuente sobre un aumento de actos delictivos cometidos por personas cada vez más jóvenes no tiene sustento estadístico –a lo que se suma- “Preservar la identidad de chicos, chicas y adolescentes involucrados en conflictos penales o sociales. Esto incluye no dar referencias sobre su escuela o su casa que permitan identificarla/o indirectamente”.

También se establece la necesidad de cambiar siempre el nombre y proteger el cara del niño  cuando sean: víctimas de maltrato o explotación sexual, acusados de actos de maltrato físico o sexual, seropositivos, enfermos o fallecidos de VIH (a menos que el niño o un familiar haya consentido sobre la base de la información correcta) y con niños o adolescentes imputados o condenados por un delito.

El material está elaborado en el marco de un convenio de colaboración entre UNICEF Argentina, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Consejo Asesor de la Comunicación Audivisual y la Infancia (CONACAI) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual para la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se llama “Por una comunicación democrática de la Niñez y la Adolescencia” y será trabajado en una serie de capacitaciones en todo el país orientada a comunicadores, estudiantes de comunicación y productores de contenidos para niños y adolescentes.