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En 2012, tras dos años de debate, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 6 determinó que durante la última dictadura cívico-militar existió un plan sistemático de apropiación de bebés y condenó, entre otros, dictador Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión. En septiembre de este año, ese mismo tribunal, comenzó a juzgar un desprendimiento de aquel debate. Desde entonces los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo, y Jorge Humberto Gettas, escucharon testimonios sobre lo que sucedió en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo. Hoy a las 18 se conocerá la sentencia por la apropiación de ocho bebés nacidos allí, tres de ellos recuperados en los últimos seis años.

En el banquillo de los acusados está el responsable de la zona militar IV, Santiago Riveros, el dictador Reynaldo Bignone, los médicos militares, Raúl Eugenio Martín y Norberto Atilio Bianco y la partera Luisa Yolanda Arroche de Sala García. Mientras que Arroche de Sala García y Martin no tienen condenas previas, Bignone y Riveros ya fueron condenados en Plan Sistemático. Y Bianco por la apropiación de dos menores a quienes anotó como propios.

El alegato de la fiscalía expuso cómo médicos y directores del Hospital Militar dieron apoyo para atender a personas detenidas dentro de la zona IV. Sin embargo, en sus últimas palabras, los médicos militares Martín y  Bianco y la partera Arroche de Sala García, se desligaron de los hechos y dijeron que la única responsabilidad fue de las autoridades castrenses. "La inteligencia militar dominaba el sector de internación, y el de epidemiología, nada dependía del hospital y los custodios controloban todo. Nosotros como médicos atendíamos y hacíamos las intervenciones, pero no había registro de los pacientes que estaban detenidos. No conocíamos ni nombre y apellido, ni habia registro ni historia clínica de ellos. Jamás atendí una embarazada ", dijo Bianco, que se mostró nervioso y pidió "reflexión al Tribunal".

La partera Arroche negó su intervención en la falsificación del certificado de Francisco Madariaga y Martín, al igual que Bianco, dijo que los médicos del Hospital Militar tenían "altas calificaciones" y que durante la dictadura fueron los militares quienes se hicieron cargo del organigrama. "La querella y la fiscalía de este juicio no estuvieron bien informados. Me duele que se tergiverse todo. No somos monstruos, no tuvimos que ver con los hechos por lo que se nos acusan. No teníamos autoridad ni siquiera para hacer un estudio complementario del paciente en el Hospital. Tampoco había alguna conexión con la maternidad, no sabíamos qué pasaba allí", expresó.

Como representante de los jefes militares, Bignone fue breve y contundente: "Desde que empezó la guerra revolucionaria, en los ´60, ocupé distintos cargos en la tarea antisubversiva. Pero nunca supe ni hubiera avalado la apropiación de un menor y por lo tanto no tuve ningún tipo de rol en la falsificación de ningún documento".

Entre los casos que se juzgan en este debate están la apropiación de los bebes de Marta Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Belaustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña. De esos, sólo tres recuperaron su identidad: Francisco Madariaga Quintela, Valeria Gutiérrez Acuña, y Catalina de Sanctis Ovando. La querella estuvo a cargo de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud y Pablo Lachener.

Como en aquel juicio histórico que probó la existencia del plan, en este actuó el fiscal Martín Niklison y las fiscales ad hoc, Viviana Sánchez,y Nuria Piñol. En diálogo con Infojus Noticias, Sánchez se refirió al debate y ahondó en lo que fue el eje de sus alegatos:  el rol de los médicos en Campo de Mayo.

El alegato de la fiscalía expuso cómo médicos y directores del Hospital Militar dieron apoyo para atender a personas detenidas dentro de la zona IV, y cómo este actuó como una unidad militar que brindó estructura sanitaria. La atención de las embarazadas era parte de la misión de esa zona y un objetivo prioritario.

-Ustedes hicieron mucho hincapié en el rol de los médicos para derribar el mito del guardapolvo blanco. ¿Es el primer juicio donde eso queda claro?

-Sí, porque nosotros citamos otros antecedentes del juicio donde en algún momento se había juzgado la conducta de algún médico, como en el juicio de ESMA, donde se juzgó a (Carlos) Padvedila, y a (Jorge Luis) Magnaco. Pero en realidad este juicio exigía estudiar más el rol de los médicos sobre la estructura sanitaria al servicio de las prácticas. Porque tenemos el caso de Raúl EugenioMartín que por la función que desempeñaba y el control por haber sido jefe de turno, permitió que las cosas sucedan. Porque si los médicos cumpliendo su rol y su juramento hipocrático hubieran dicho "miren, esto acá no lo podemos permitir o registremos los datos", esto no hubiera sido posible. Nosotros, los fiscales, decíamos: ¿Qué expectativas podía tener una embarazada secuestrada cuando entraba en contacto con el hospital? Por ahí, pensaba “acá me voy a salvar, me van a ver médicos, alguien va a saber quién soy, me van a registrar”. Y esa expectativa de entrar en una parte más legal del sistema fue todo lo contrario, y los médicos tuvieron un rol muy importante en eso. Los militares se sirvieron de los médicos para darle una apariencia de legalidad. Sin ellos no hubiera sido posible.

-Ustedes citaron casos de médicos que fueron juzgados en otras masacres o genocidios, a nivel mundial.

-Sí, dentro de los llamados juicios de Nüremberg, donde fue juzgada más la práctica de experimentación. A partir de la movilización que produce eso surge el protocolo de Estambul que establece las reglas que deberían seguir los médicos para documentar episodios de tortura, y cómo deben proceder con pacientes que en algún momento sufrieron torturas. Es decir, sobre cómo debe actuar un médico para contribuir a que eso se esclarezca, no a todo lo contrario.

-En el transcurso de las audiencias ustedes hicieron especial hincapié en el rol del médico interno ¿Cuál era su importancia?

 La estrategia era demostrar que  el rol de Martín no era un rol inocuo, de alguien que estaba en el escritorio, no hacía nada ni veía nada y no tenía nada que ver. Su funcionalidad tenía que ver con el dejar hacer. Incluso en algún momento cuando Martín  ya como jefe de la división materno-infantil, le toca calificarlo a Caserotto dice que tiene algunos problemas pero prefiere seguir teniéndolo en aquel servicio. Nosotros también decíamos: si él hubiera sido un gran disidente y hubiera estado muy en contra, y sabiendo que Caserotto era un personaje fundamental ¿por qué después cuando llega la democracia sigue teniéndolo bajo su ala, en vez de sacárselo de encima? Hemos visto en los legajos, por ejemplo, sanciones que ha impuesto un médico interno por no haber registrado un fallecimiento, por ejemplo, o por no haber asentado tal cosa. En este caso no había ninguna sanción, porque ellos permitían esto. Era importante que la autoridad avalara.

Dos de los acusados, Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros.

-Y eso era Martín.

-No sólo se necesitaban a los autores que tienen las manos manchadas de sangre, sino también de los otros que no se ven tanto pero permitieron que todo esto suceda.

 ¿La sentencia de plan sistemático facilitó el trabajo de este juicio?

-Sí, ya no tenemos que volver a probar que hubo una práctica sistemática de apropiación  de niños porque ya está probado. No tenemos que volver a probar el rol de Riveros, el de Bignone tenemos que probar otro tramo pero en realidad ya sabemos que participó en esto. No tenemos que probar que Campo de mayo estaba vinculado con los secuestros y las apropiaciones. No tenemos que volver a probar que el hospital fue un lugar donde se montó una maternidad paralela (en el sector de epidemiología) y nos centramos más en los casos puntuales.

-Entonces el foco se puso en derribar el mito del guardapolvo blanco.

-¿Por qué al médico por poco tenemos que probarle que sacó al chico cubierto de sangre? ¿Por qué al médico eso y al carcelero sólo le tenemos que probar que estaba en el lugar? Lo que le pedimos al tribunal en el alegato es que se utilicen los estándares de prueba que se utilizan para cualquier otro imputado de lesa humanidad. Incluso en su caso debiera ser peor, por esto de que la expectativa que tiene cualquier ciudadano delante de un médico es que lo ayude y haga a su favor, no en contra. Entonces es más defraudación.