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El Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza dará a conocer hoy al mediodía el veredicto en el juicio por las torturas que sufrió Luciano Arruga el 22 de septiembre de 2008 en el destacamento de Lomas del Mirador. Los abogados de la familia, representados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), pidieron una condena de 16 años de prisión e inahibiltación absoluta para Julio Diego Torales, ex policía bonaerense y único imputado en este debate oral. El fiscal José Luis Longobardi reclamó una pena de 10 años. La defensa alegó por la absolución.

Los jueces Gustavo Omar Navarrine y Liliana Logroño tienen en sus manos el veredicto sobre la acusación al ex policía, que llegó detenido al juicio. La investigación por torturas, en función del artículo 144 del Código Penal, castiga no solo los tormentos físicos, sino también "la imposición de sufrimientos psíquicos", cuando éstos tengan gravedad suficiente. Las audiencias del debate se desarrollaron en el salón de la Unión Industrial del Partido de La Matanza (UIPMA) que se acondicionó para simular un Tribunal. El veredicto se dará a conocer en Mendoza y Almafuerte, sede del TOC.

Los alegatos de la fiscalía y de la querella pusieron el acento en las consecuencias que tuvo en la vida de Luciano, 16 años, el paso por el destacamento. “Después de esa detención Luciano tenía miedo, tenía el peor de los miedos: miedo a la muerte”, dijo el abogado Juan Manuel Combi. “Le quebraron la vida”, había declarado su hermana, Vanesa Orieta.

La detención de Luciano: "dudosa legalidad"

A Luciano lo detuvieron dos policías en la esquina de Bolívar y Perú por averiguación de antecedentes. Buscaban al responsable del robo de un celular. Lo requisaron sin testigos y, según la versión policial, le encontraron el teléfono. La querella tildó este procedimiento inicial de “dudosa legalidad”. Después de detenerlo, lo llevaron al destacamento de la calle Indart. 

Con 16 años, Luciano estuvo nueve horas en un lugar que no estaba habilitado para detenciones. Además, en ese momento ya regía la resolución 1623/04 del Ministerio de Seguridad bonaerense que establece que los menores no deben ser alojados en comisarías. Según la médica María Fontela, que declaró en el debate, Luciano ingresó al destacamento sin lesiones ni hematomas. Fue ella quien lo revisó en el Cuerpo Médico Forense de La Matanza.

Luciano pudo irse después de que su mamá volviera con la partida de nacimiento en la mano. La había ido a buscar hasta Puente de la Noria porque la tenía su cuñada, que le estaba tramitando el DNI al sobrino. Cuando se lo llevaron, alcanzó a señalar a Torales: “Vos me pegaste mientras dos me sostenían”.

Volvió rengueando al barrio. Así lo vieron llegar sus amigos tras la detención. Su hermana lo convenció para que fuera al Policlínico de San Justo a hacerse ver las heridas: allí el médico Gabriel González certificó "un traumatismo en la región facial del lado izquierdo". Luciano le contó a su hermana cómo lo obligaron a comer un sándwich escupido y también la manera en la que lo amenazaron con llevarlo a la comisaría 8va donde lo violarían. "Luciano nos habló en este juicio a través de su hermana y su mamá para pedirnos Justicia" dijo el fiscal Longobardi en su alegato. “Lo degradaron, lo humillaron, le dieron de comer un sándwich salivado”, describió.

Principales momentos del juicio

El debate oral comenzó la semana pasada y se extendió por tres audiencias de testimoniales y un día destinado a los alegatos. En la primera jornada declararon seis testigos, entre ellos la madre de Luciano. "Todo esto empezó cuando se negó a robar para la policía", dijo Mónica Alegre. Además prestaron testimonio Juan Gabriel Apud y Rocio Gallegos. También expusieron dos médicos Maria Fontela, del Cuerpo Médico Forense de La Matanza, y Gabriel González, quien lo atendió a Luciano en el Policlínico de San Justo. También habló ante los jueces fue Zulma Noemi Robles de Torales, la madre del ex policía.

En la segunda jornada la única que habló fue la hermana de Luciano, Vanesa Orieta. Detalló todo lo que Luciano le contó sobre la detención y el contexto de persecución y hostigamiento que sufría. Relató cómo cambió su hermano después de la detención y el miedo que sentía. "Mi hermano no sabía qué hacer para que dejaran de molestarlo", dijo. La audiencia previa a los alegatos declararon dos policías que habían sido convocados por la defensa de Torales. También expuso la supuesta víctima del robo por el que detuvieron a Luciano.

Los dos policías admitieron que el adolescente de 16 años estuvo detenido en la cocina de la dependencia, un lugar que no estaba habilitado para esos fines. Miguel Ángel Olmos habló sobre cómo fue la detención en la calle. MOstró contradicciones y omisiones sobre detalles que había narrado durante la instrucción. La agente Mónica Chapero contó, además, que ella estuvo con Luciano en la cocina mientras duró su turno. Para la fiscalía y los abogados de la querella fue una "autoincriminación". Es que además de Torales hay dos efectivos más que participaron de la agresión que aún no fueron identificados.

Desaparecido, aparecido

Cuatro meses después de esa detención, Luciano murió. La madrugada del 31 de enero de 2009 salió de su casa para ver a su hermana, pero nunca llegó. Se cree que fue detenido en ese trayecto. A las 3.21, un estudiante de 21 años de Monte Grande lo atropelló sobre la General Paz. El mismo joven avisó al SAME. Una ambulancia llevó a Luciano hasta el Hospital Santojanni, donde murió al día siguiente. El adolescente no tenía documentos y después de una autopsia fue enterrado sin nombre. El conductor dijo que “corría desesperado”, como “escapando”. También declaró un motoquero que estacionó para ayudar. Dijo que sobre la colectora  vio estacionada una camioneta doble cabina de la Bonaerense con las luces bajas.

La identificación del cuerpo se logró el 17 de octubre del año pasado luego de la aprobación judicial del habeas corpus, que puso en marcha los mecanismos de búsqueda del Estado. El recurso había sido presentado por los abogados del CELS en abril. La Sala IV de Casación Penal pidió a Salas “realizar la totalidad de las diligencias conducentes a establecer lo ocurrido”. En tres meses Salas, en coordinación con distintos funcionarios del Estado nacional y provincial, logró identificar el cadáver enterrado como NN. Paradójicamente, lo hizo cruzando las huellas dactilares que le habían tomado a Luciano en su paso por la comisaría donde lo torturaron en 2008. 

MFA/MEL