Mariano Ferreyra: Casación analiza las apelaciones de las partes
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 concedió las apelaciones de ambas partes a fines de septiembre, y ahora la Sala III del máximo tribunal del fuero penal tendrá que pronunciarse respecto a las condenas de los siete ferroviarios y los policías señalados por “liberar la zona”.
La Cámara Federal de Casación Penal comenzó a analizar el expediente por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, que culminó con la condena del titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, a quince años de prisión. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 concedió las apelaciones de ambas partes a fines de septiembre, y ahora la Sala III del máximo tribunal del fuero penal tendrá que pronunciarse respecto a las condenas de los siete ferroviarios y los policías señalados por “liberar la zona”.
La defensa de Pedraza y su segundo en el gremio, Juan Carlos Fernández, apeló pidiendo la absolución. Aunque el tribunal oral le concedió la apelación –al tiempo que se la concedía también a los querellantes-, rechazó el argumento de “prejuzgamiento”. Sobre ambos sindicalistas pesa una condena a quince años de prisión. Los presuntos autores materiales, Cristian Favale y Gabriel Sánchez, enfrentan una pena de dieciocho. Los ferroviarios Jorge Daniel González y Salvador Pipito fueron sentenciados a once años tras las rejas, y Claudio Alcorcel, a ocho.
La fiscalía y las querellas habían pedido una condena de prisión perpetua para el sindicalista –por homicidio agravado y no simple-, y lo señalaron como autor intelectual del asesinato del joven militante, sucedido el 20 de octubre de 2010. Por los montos que asignó el TOC, las querellas apelaron insistiendo con la pena máxima. Los recursos fueron firmados por Claudia Ferrero, abogada del Partido Obrero que actúa en nombre de los demás militantes lesionados –hubo tres heridos de bala-; y Maximiliano Medina, el letrado del CELS que patrocina a la familia.
Una sala especial
La Sala III está compuesta por Liliana Catucci, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, pero este último será reemplazado por el presidente del tribunal: Mariano Borinsky. Riggi no formará parte del tribunal que resuelva en la causa Ferreyra, recusado por sus vínculos con Pedraza y salpicado por una causa por presunto tráfico de influencias. El camarista podría haber sido el destinatario de un soborno con el que Pedraza buscaba poner fin al proceso, pero la operación fue frustrada a tiempo por la fiscal Wilma López.
En el proceso por presunto tráfico de influencias, Pedraza está procesado junto al ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, el ex agente de inteligencia Juan José Riquelme, el contador del gremio Ángel Staforini, y Luis Ameghino Escobar, ex empleado de la oficina de sorteos de la Casación que logró que el expediente fuera a parar a la Sala III. Allí era donde Riggi debía cumplir su parte. La investigación podría elevarse a juicio en los próximos meses, pero el camarista no está imputado en ella.
El CELS denunció a Riggi ante el Consejo de la Magistratura en 2012, para iniciar el proceso de remoción de su cargo. El procedimiento está paralizado, y por eso el CELS presentó un nuevo escrito ante el Consejo para acelerar el proceso. Por la magnitud de la denuncia, este podría ser el principio del fin para el juez que fue nombrado magistrado durante la dictadura y que ya había trabajado en el Camarón, la Cámara Federal que creó el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse para “juzgar la actividad subversiva”.
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